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La Cámara Alta dio media sanción al proyecto que crea Fiscalías para que actúen en delitos contra el ambiente. También se aprobó una iniciativa que defiende el patrimonio de las asociaciones de bomberos. Más proyectos votados.
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El Senado, que sesionó este martes por la noche, dio media sanción al proyecto de ley del senador Natalio Gerdau (FpV-Gualeguaychú), por el que se crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental. La iniciativa fue aprobada sobre tablas, con despacho de comisión. Al respecto, el autor del proyecto afirmó: “Se ve la necesidad, en el marco del desarrollo social, de la defensa del medio ambiente pensando en las próximas generaciones”. Y aseveró enseguida: “Queremos sancionar a quienes ataquen el medio ambiente”. El Senador hizo un repaso por el proceso de toma de conciencia de la humanidad en relación a la necesidad defender el medio ambiente, destacó que la reforma de la Constitución Nacional de 1994 consagró la necesidad de defender la naturaleza y añadió lo que indica el artículo 22 de la Constitución Entrerriana, referido a que “todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano”. Gerdau también mencionó antecedentes internacionales en relación a la creación de fiscalías ambientales, como así también lo que aconteció en la provincia de Corrientes. En tal sentido, informó “que hay varias provincias que tienen proyectos en el mismo sentido, como por ejemplo, Buenos Aires”. Patrimonio de los bomberos El legislador recordó que “esta legislatura ha llevado adelante proyecto en defensa del patrimonio social”. Destacó que “ante una serie de acontecimientos que se han ido dando en la provincia, queremos avanzar en defensa de un sector que debe ser atendido en sus demandas”. El proyecto propone que: son inembargables todos los recursos y bienes muebles e inmuebles, de cualquier naturaleza, de propiedad de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios de la provincia. Precisa que se trata de todos aquellos que “se hayan obtenido de los aportes sociales, subvenciones o ayudas oficiales, que se encuentren afectados directa e indirectamente a la atención y realización de sus actividades específicas”. También alcanza la protección propuesta “el dinero que en su totalidad supere el 20 por ciento de los subsidios o aportes, donaciones o ingresos de toda índole que perciban las mismas, provenga éste de sus asociados, de comunas o cualquier otra identidad o persona física o jurídica”. El proyecto que fue girado a la Cámara de Diputados, fue apoyado por el senador de Concordia, Enrique Cresto, quien detalló una serie de acontecimientos que se dieron en su ciudad ante el fallecimiento de un voluntario en un penoso accidente. Jóvenes emprendedores El autor del proyecto, Enrique Cresto, destacó la importancia que va adquiriendo el sector en los últimos años. “Es importante todo lo que ha hecho el Estado entrerriano para que los jóvenes encuentren una salida”, acotó y enfatizó los montos distribuidos en Entre Ríos para dar una herramienta que se sostenga en el tiempo a través de un círculo virtuoso. Añadió que “son préstamos para aquellos a los que les cuesta arrancar y creemos que es un aporte más para los proyectos de inclusión”. Clubes de Barrio Al respecto, el senador Enrique Cresto señaló que “es una norma que surge en el marco del proceso de inclusión que desarrolla el Gobierno nacional y que tiene una importancia estratégica en Entre Ríos, donde el trabajo de los clubes de barrio son apoyados en forma constante por el importante proceso de contención que desarrollan”. Ministerio público El senador Cresto señaló los importantes cambios que se han dado en Entre Ríos con la puesta en marcha, en todo el territorio, del nuevo Código Procesal Penal. Y recordó que hace algunos días hubo importantes encuentros con autoridades Judiciales para analizar el proyecto. Dijo que “cobra importancia el Defensor y los Fiscales” en este nuevo sistema. Cresto agregó que en este nuevo paradigma penal, se hace necesario el cambio en el mapa judicial entrerriano. Adelantó que los legisladores que se encuentran en Paraná trabajarán mañana en el proyecto, para encontrar “equilibrios necesarios” en lo que hace a la selección y nombramiento de los fiscales y defensores. “Tenemos el compromiso de tratar este tema”, destacó. El proyecto señala que el Ministerio Público es un órgano autónomo en sus funciones, siendo parte integrante del Poder Judicial y tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público en todas las causas y asuntos que se le imponga. Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia, en coordinación con las demás autoridades provinciales, pero sin sujeción e instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura. Agrega que el principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponde como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales y defensores, en razón de los diversos intereses que deben a tender para satisfacer el interés general, y velando por la normal prestación del servicio de justicia. El proyecto determina que el Ministerio Público se compone de dos ramas independientes entre sí: Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, presididas por el Procurador General y el Defensor General respectivamente. Fuente: Informe Digital |
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