A pesar de que el tarifazo al gas está suspendido por la Justicia, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que quienes no lo hayan pagado se verán obligados a hacerlo con carácter retroactivo. El Gobierno quiere instalar que cobrará de cualquier manera, aunque aún no cumplió con los requerimientos que le hizo la Corte.
La entrada en vigencia de la medida ya no depende del Gobierno, sino de la Cámara Federal de La Plata y en última instancia de la Corte Suprema, pero Marcos Peña dijo que quienes hasta ahora no hayan pagado luego deberán hacerlo con carácter retroactivo.
“Es importante dejar claro para la gente que tarde o temprano va a haber que pagarlo”, aseguró ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al ser consultado sobre el freno judicial que impide la aplicación del tarifazo del gas. De este modo, el funcionario buscó instalar que la suba de 400 por ciento para los hogares se terminará aplicando, pese a que la entrada en vigencia de la medida ya no depende del gobierno sino de la Cámara Federal de La Plata y en última instancia de la Corte Suprema de Justicia. El 12 de julio el máximo tribunal le pidió al Poder Ejecutivo que especifique, entre otras cuestiones, qué parámetros tuvo en cuenta para fijar los aumentos y que especifique fundadamente “la existencia o inexistencia de la ponderación de los principios de gradualidad y progresividad para la determinación del cuadro tarifario en análisis”. Los magistrados le fijaron al gobierno un plazo de diez días para responder, pero hasta ayer a la noche no habían recibido nada. Pese a ello, Peña no solo dijo que el tarifazo se va a aplicar sino que quienes hasta ahora no hayan pagado luego deberán hacerlo con carácter retroactivo. “En este momento, las facturas no están definidas hasta que esté la resolución judicial, pero esto va a haber que pagarlo, de hecho, ya muchos lo han pagado, antes que surgiera el amparo e incluso después del amparo. Si uno quiere, puede pagar ahora para no ir acumulando o pagar todo junto después”, agregó.
“Hay un fallo judicial vigente. Nosotros estamos discutiéndolo en la sede judicial. Hasta tanto no se resuelva, no hay que pagar las boletas”, había asegurado el propio Peña el martes de la semana pasada. La Procuración del Tesoro el viernes dio un paso más en la misma dirección al informarle al juez federal de La Plata, Alberto Recondo, que “las empresas de gas no pueden emitir facturas con ninguna clase de aumento hasta tanto la Justicia no resuelva la cuestión judicial de fondo”. Pese a ello, Peña sorprendió ayer en declaraciones radiales al decir que “si uno quiere, puede pagar ahora para no ir acumulando”, sumando más confusión a un tema ya de por sí complejo, pues muchos usuarios ni siquiera están recibiendo las facturas ya que el propio gobierno le ordenó a las empresas que deje de emitirlas.
El tarifazo del gas fue anulado en todo el país por la Cámara Federal de La Plata el 7 de julio porque el gobierno no realizó la audiencia pública que prevé la ley para garantizar la participación ciudadana. La explicación oficial ante la Justicia fue que la audiencia ya se realizó el 6 de mayo de 2004, hace más de 12 años, y se lo justificó al decir que el tarifazo actual no es consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral sino de una “adecuación transitoria” que continúa con una negociación contractual iniciada por el gobierno de Néstor Kirchner que aún no concluyó. “La audiencia pública para dicha adecuación transitoria fue oportunamente celebrada con plena participación de usuarios y consumidores, así como de las asociaciones que quisieron participar, por lo que -entiende- no tiene ningún sustento lógico pretender la celebración de una nueva audiencia pública a los mismos fines”, sostuvo el Ministerio de Energía ante la Cámara Federal, aunque los magistrados rechazaron sin demasiado esfuerzo ese asombroso argumento y anularon la suba.
El gobierno presentó un recurso extraordinario para que el caso pase a la Corte Suprema y ahora está a la espera de que la Cámara lo conceda con efecto suspensivo sobre el fallo, lo que volvería a poner en vigencia el tarifazo. Igual la Corte ya tuvo una primera intervención en el tema tarifas luego de recibir varios planteos del Poder Ejecutivo en distintos expedientes abiertos en juzgados provinciales en los que se le pedía que asuma la competencia o actúe por “per saltum”. Fue en respuesta a esos pedidos, que el máximo tribunal le solicitó un detallado informe al gobierno sobre el tarifazo, el cual aún no fue respondido. La juez Elena Highton de Nolasco, aclaró el miércoles que si bien todavía corren los diez días hábiles de plazo “en los que no se cuenta la feria judicial”, el Ejecutivo podría haber presentado el informe ya que la magistrada se encuentra “de turno”. “El que está de feria parece que es el Poder Ejecutivo”, señaló ayer a este diario una fuente judicial. Como parte de esa consulta, la Corte le reclamó al gobierno que especifique si se tomaron en cuenta los principios de gradualidad y progresividad al momento de aplicar el tarifazo.
No será fácil para el Ejecutivo argumentar que se llevó adelante una política gradual luego de que el propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, reconociera que cerca del 25 por ciento de los usuarios recibió aumentos astronómicos, cercanos al 2000 por ciento, por un error en la implementación del ajuste. La intención oficial fue solucionar ese desaguisado, frenado en la Justicia, al anunciar la fijación de un techo del 400 por ciento de aumento para hogares y 500 por ciento para pymes, independientemente del nivel de consumo. Será materia de debate si se puede considerar gradual un aumento de 400 y 500 por ciento, pero va a ser muy complicado sostener que los techos respetan el principio de progresividad ya que no incentivan el ahorro de aquellos usuarios que incrementaron fuerte su consumo, aún con el tarifazo, y estaban pagando subas de hasta 2000 por ciento. Esos hogares, en su mayoría de poder adquisitivo alto, ahora saben que aunque dejen la calefacción central prendida todo el día no pagarán más 400 por ciento de incremento, casi la misma suba que deberá pagar quien mantenga su consumo estable respecto del mismo período del año pasado. Aranguren, informó que en las categorías más altas (R3-3 y R3-4) el consumo de gas creció en junio un 49 por ciento interanual promedio, mientras que en la categoría más baja (R-1), de aquellos que demandan hasta 500 m3 por bimestre, el aumento fue de 19 por ciento. Por lo tanto, de los 11.800 millones de pesos de costo fiscal que tendrá la fijación del techo de 400 por ciento para hogares (8900 millones) y 500 por ciento para comercios y pymes (2900 millones) la mayoría ira a parar a los sectores más acomodados. Peña evitó ayer referirse a esos inconvenientes y se limitó a reivindicar la implementación de tarifa social para los sectores más pobres de la sociedad como una muestra de sensibilidad social. “Lo más importante fue el éxito enorme de la política de tarifa social”, aseguró sin dar mayores precisiones.