Tres efectivos fueron condenados en juicio abreviado por apremios ilegales, tras admitir que participaron de esos delitos en la comisaría de Villa Urquiza. Sin embargo, no van presos y siguen en la fuerza.
El 25 de mayo de 2015, minutos antes de las 20, en un camino que une La Picada con Villa Urquiza, la Policía observó a tres personas –dos varones y una mujer– que iban en una camioneta llevando de tiro a otra, una F 100. Buscaban una F 100 robada, por eso los detuvieron. Luego los sometieron a una golpiza y torturas. Más tarde los llevaron a la comisaría de Villa Urquiza, donde continuaron los apremios ilegales.
Este martes, ante la Justicia, los policías aceptaron su culpabilidad en el hecho pero recibieron penas condicionales. Además de no ir presos, no serán separados de la fuerza de seguridad. Los agresores fueron Gustavo Ramón Collaud, María Cecilia Depardón y Raúl Javier Taborda, los que fueron condenados; aunque también se señaló a otros policías que prestaban servicios en la dependencia y al menos cuatro personas que vestían de civil y que hasta ahora no han sido identificadas.
En el camino vecinal, durante cuatro horas en la oscuridad, recibieron golpes de puño y patadas; les aplicaron reiterados pasajes de corriente eléctrica con picanas y a la mujer la amenazaban con obligarla a practicar sexo oral a los efectivos.
A uno de los hombres víctimas, le hicieron quitar la ropa, lo dejaron solo con ropa interior, le mojaron la espalda y las muñecas y le efectuaron descargas eléctricas, al tiempo que le seguían pegando con los puños y patadas. El hombre estaba esposado, totalmente indefenso, y le aplicaron la picana en los genitales, mientras le exigían que no hablara ni gritara.
Una vez que realizaron la denuncia por los apremios ilegales, Gendarmería allanó la comisaría de Villa Urquiza y secuestró una picana y los libros de guardia.
Fueron siete los policías implicados al inicio del proceso, e incluso quedó detenido el jefe de la comisaría, Mario Bértoli, y también quien lo secundaba en el cargo, subcomisario Miraglioy. Finalmente, tras las ruedas de reconocimiento, quedaron imputados solo tres de todos los que participaron en el procedimiento: Collaud, Taborda y Depardón.
Pese a que desde las altas autoridades de la Policía habían negado el accionar represivo, con las pruebas reunidas en la causa los imputados reconocieron el delito en un juicio abreviado. Este martes se realizó la audiencia donde se formalizó el acuerdo y se dictó la sentencia, se informó a UNO.
Ante el juez de Garantías Humberto Franchi, la fiscal Patricia Yedro leyó la imputación y luego se informó del acuerdo arribado con los acusados, defendidos por el abogado Marcos Rodríguez Allende.
Gustavo Ramón Collaud y María Cecilia Depardón aceptaron cumplir la pena de tres años de prisión condicional, en tanto que Raúl Javier Taborda de dos años, ya que intervino en la segunda etapa de la golpiza, en la dependencia policial de Villa Urquiza.
Lo que sucede habitualmente cuando policías son condenados por delitos que cometieron en el cumplimiento de su función, es el apartamiento de la fuerza por inhabilitación por el doble de tiempo de la condena. En este caso, llamó la atención que se implementó una «inhabilitación especial» que consiste en que los policías que torturaron a los detenidos seguirán cumpliendo funciones en la fuerza, aunque durante el doble del tiempo que dure la pena no podrán portar armas ni tener personas detenidas a su cargo.
Al respecto, en la audiencia el defensor destacó que «no se impide a los funcionarios policiales seguir ejerciendo sus tareas laborales» para «no perder el trabajo».
Por otro lado, se les impuso a los uniformados una serie de reglas de conducta por el término de dos años, como no molestar a las víctimas.
La fiscal dijo que las personas que fueron torturadas por los policías prestaron su acuerdo en la resolución.
Antes de finalizar la audiencia, el juez Franchi les pidió a los tres imputados que expresaran su confesión en el hecho: «Sí, participé», dijeron a regañadientes.