El ex presidente brasileño denunció por abuso de poder y persecución política al juez Sérgio Moro y los fiscales que actúan en la Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en Petrobras.
Lo informó el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, quien dijo que el gobierno brasileño deberá dar explicaciones sobre el asunto al comité de Naciones Unidas en un espacio de dos meses.
«La denuncia fue admitida y registrada. El comunicado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU informa que el gobierno brasileño fue intimado a presentar informaciones u observaciones relevantes a la cuestión en el plazo de dos meses», dice el texto divulgado por el abogado de Lula.
Lula está siendo juzgado en primera instanciia por Moro, quien aceptó una denuncia por corrupción por parte de los fiscales en la investigación sobre la propiedad de un departamento en el balneario de Guarujá, estado de San Pablo.
La denuncia presentada por Lula el 28 de julio ante la ONU considera que Moro «privó de la libertad durante seis horas» al ex mandatario al llevarlo a declarar por la fuerza sin que antes hubiera sido informado de hacerlo, un episodio que causó conmoción nacional el pasado 4 de marzo.
La denuncia también incluyó el espionsaje telefónico que hizo Moro a Lula, sus abogaos y familiares, e incluso una conversación el 16 de marzo con la presidenta de entonces, DIlma Rousseff, que el magistrado pasó a la TV Globo.
Esta conversación fue ilegal, según la corte suprema, porque Rousseff no podía estar siendo investigada ni interceptada por un juez de primera instancia como Moro.
Según el abogado de Lula, «avanzamos un paso más en la protección de las garantías fundamentales del ex presidente. La ONU estará siguiendo formalmente las groseras violaciones que están siendo practicadas diariamente contra Lula en Brasil».
Lula denunció ante los órganos de control del Ministerio Público a los fiscales de la Operación Lava Jato, que le endilgaron ser el «comandante máximo de una sobornocracia» por usar el aparato del Estado para la persecución política en base a «convicciones» y no a «pruebas».
La Operación Lava Jato provocó también enfrentamientos entre el presidente del Senado, Renán Calheiros, y la jefa de la Corte Suprema, Carmen Lucia, debido a que el primero repudió a un juez de Brasilia por haber allanado el Senado para detener a cuatro agentes legislativos que hacían contrainteligencia ante escuchas telefónicas supuestamente autorizadas por la justicia.
Calheiros dijo que la policía federal del gobierno de Michel Temer, al que apoya, usó «métodos fascistas», mientras que la presidenta de la corte dijo que «cuando se ofende a un juez todos nos sentimos ofendidos.
En ese marco, el diario Folha de Sao Paulo especuló que los principales partidos del país, el PMDB de Temer, el PT de Lula y el PSDB del ex presidente Fernando Hernrique Cardoso, calculan que el actual mandatario y sus cercanos colaboradores no resistirán la delación premiada sobre financiación ilegal de la política que preparan 50 ex ejecutivos de Odebrecht sobre sobornos en contratos públicos.
El núcleo central es la delación premiada del condenado y detenido presidente de Odebrecht y heredero del imperio de la ingeniería de América Latina, Marcelo Odebrecht, preso a disposición de Moro.
Según Folha de Sao Paulo, si Temer deja la presidencia el próximo año en caso de que se encuentran irregularidades en su campaña, el Congreso deberá elegir a un mandatario hasta el 31 de diciembre de 2018.