Después de seis años en los que la lectura del kirchnerismo dividió la movilización en dos actos, las multisectoriales confluyeron en un documento duro con el gobierno nacional y que no habló de la década K. Críticas a Bordet y Varisco.

El día del comienzo de la dictadura cívico-militar de 1976 fue repudiado este año en Paraná con una marcha unificada y un solo acto. Así, luego de años de división a causa de las posturas ante el kirchnerismo, la Marcha de la Memoria por la Verdad y la Justicia volvió a culminar completa en el acto de la plaza Alvear. Allí se leyó un documento con fuertes críticas al gobierno nacional de Mauricio Macri, que no habló –ni a favor ni en contra- de los años de gobiernos K y que cuestionó, sin nombrarlos, a Gustavo Bordet y a Sergio Varisco.

En la plaza Alvear se conoció lo consensuado entre la Multisectorial de Derechos Humanos y el encuentro por los Derechos Humanos de Ayer y de Hoy. Los destinatarios principales de los cuestionamientos fueron Mauricio Macri y el Poder Judicial, con las consabidas críticas a propietarios de medios hegemónicos de comunicación señalados como cómplices del Proceso -los Magnetto, Herrera de Noble, entre otros. También sobresalieron denuncias contra la Policía de Entre Ríos.

No se habló, explícitamente, de los años de gobiernos kirchneristas a nivel nacional y provincial. Fue el acuerdo al que llegaron las organizaciones para confluir: ni los fieles impusieron loas a Néstor y Cristina Kirchner, ni los opositores hicieron incluir denuncias sobre la etapa 2003-2015. Sí estuvo presente el reclamo por la libertad de Milagro Sala, que se ha convertido en bandera del kirchnerismo: «exigimos con nuestra mayor fuerza la inmediata liberación de Milagro Sala y los compañeros tupaqueros», se clamó en un momento desde el tablado

«Hemos tenido y tenemos diferencias, no renunciamos a ellas»
“Quienes hoy marchamos juntos en las calles hemos tenido, y tenemos, diferencias. No renunciamos a ellas, ni a nuestras identidades políticas. Aún así marchamos juntos porque compartimos la comprensión de que así lo requiere el momento político. El gobierno de Macri y su gabinete de CEO´s ha hecho de la negación del genocidio una política de Estado”, fue la primera definición contundente y esclarecedora que leyeron los miembros de HIJOS sobre el escenario de la calle Laprida.

Del líder del PRO se castigaron, principalmente, su “intento de modificar la inamovilidad del feriado del Día de la Memoria”, la “persecución, represión y criminalización de los militantes sociales, políticos y gremiales”, los “más de 200.000 despidos del sector público y privado; las industrias que día a día frenan su producción; las pymes que sufren la caída del consumo, la apertura de las importaciones y los tarifazos”, así como el “desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”.

Bordet y Varisco, atendidos sin nombrarse
El documento, suscripto por una decena de organizaciones de estirpe peronista, incluyó críticas al gobierno entrerriano, aunque sin nombrar al gobernador Gustavo Bordet. Fue al momento de expresar el apoyo al reclamo docente de apertura de paritarias nacionales y aumento salarial.

“En nuestra provincia también sufrimos las consecuencias del ajuste, que se expresa en la oferta salarial a los docentes y trabajadores del Estado provincial del 6% y del 18% para todo el año, que se intenta aplicar por decreto”, se advirtió y se denunciaron “los descuentos y prácticas que atentan contra el derecho a huelga”.

El gobierno radical de Paraná también fue blanco de reproches, a su vez sin mencionar a Sergio Varisco. La denuncia más seria retomó la acusación de la “vinculación entre el financiamiento de la campaña electoral de Cambiemos en la ciudad y el negocio de la droga”. Los militantes de Derechos Humanos clamaron: “no permitiremos que nuestra ciudad se constituya en un Narco Estado”. Asimismo, se apuntó a la gestión de Cambiemos por “los despidos y el tarifazo” y el “vaciamiento cultural”.

Contra la policía y la justicia
Sobresalió, cuando promediaba el acto, una denuncia contra la Policía de Entre Ríos, de la que se afirmó que “actúa cada vez con mayor violencia y arbitrariedad, somete a los jóvenes a apremios ilegales y hay comisarías de nuestra provincia en las que se practica la tortura”.

En materia judicial se celebraron la sentencia de las causas Área Paraná de la Cámara Federal de Apelaciones (previo cruce a la “vergonzosa sentencia” del juez Leandro Ríos del año pasado) y la condena dictada contra el ex policía de la provincia Atilio Ricardo Céparo. Sin embargo, se exigió “celeridad y sistematicidad en las investigaciones para dar con todos los responsables del terrorismo de Estado que actuaron en nuestra provincia”.

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