La Secretaría de la Juventud trabaja un borrador de reforma a la Ley de Centros de Estudiantes Secundarios. Prevé un fondo con origen en el Iafas, la mediación para la resolución de conflictos y la facultad a los centros a manejar recursos.
Entre otras reformas cruciales, destacan: 1) la conformación de un fondo permanente administrado por el Estado (que tiene como base el 1% de lo recaudad por el Iafas, entre otros ingresos) con destino a las políticas públicas vinculadas con la actividad de los centros; 2) la instauración de la mediación para la resolución de conflictos en el ámbito educativo; 3) faculta a los centros a administrar recursos; 4) como consecuencia de ello prevé un órgano de control dentro de las instituciones estudiantiles.
El fondo
El borrador de la Secretaría de la Juventud prevé la creación de “un fondo de financiamiento que estará destinado a apoyar, fomentar y ejecutar las políticas públicas relacionadas de manera directa con actividades propias de Centros de Estudiantes y los establecimientos de los que fueran parte”.
Lo contemplado es que el fondo sea incorporado en el Presupuesto Anual de la Administración Provincial y que se integre con los siguientes recursos:
a) Aportes del Tesoro Provincial y otras asignaciones que fije anualmente la Ley de Presupuesto, o leyes especiales;
b) Aportes o transferencias provenientes del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, y de sus organismos autárquicos y/o descentralizados;
c) El producido de las operaciones realizadas con recursos del fondo, así como los resultados por reintegros, intereses y sus accesorias de préstamos que se acuerden y cualquier otro ingreso derivado de las actividades autorizadas al organismo de aplicación;
d) El importe que resulte del uno por ciento de las utilidades netas por juegos y apuestas del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social.
e) Los provenientes de legados y donaciones
f) Fondos de organizaciones y agencias públicas o privadas.
Mediación escolar
El proyecto de ley, que podría ser tema de debate en comisión en el encuentro del jueves, dedica un extenso capítulo, el sexto, a prever la instauración de medios alternativos de resolución de conflicto en el ámbito escolar, acompañado de una capacitación y sensibilización a la comunidad educativa sobre esta práctica.
Se prevé la creación de un Centro de Mediación Educativa (Cemed), dependiente de la Secretaría de la Juventud y el Consejo General de Educación, institución que tendrá a su cargo la confección de listados de mediadores con título habilitante y a la designación y decisión de su actuación ad honorem ante casos concretos que demanden su actuación.
“Serán pasibles de mediación las controversias que se susciten entre los Centros de Estudiantes y/o estudiantes individualmente considerados y el establecimiento educativo al que pertenezcan, que tengan relación directa con los fines de la ley”, dice un artículo del anteproyecto que luego repasa los casos en los que no debiera intervenir el Cemed, entre otros las cuestiones en que hubiera un asunto patrimonial en juego o un delito penal.
El proyecto incluye un reglamento de la actuación del mediador, la intervención de las partes y el resultado de la instancia.
Recursos propios
Otra novedad que abre la iniciativa, que aún no ha sido girada a las cámaras legislativas, es la atribución a los centros de estudiantes para que puedan manejar sus recursos, así como hoy lo pueden hacer las cooperadoras de padres.
“El Centro de Estudiantes estará autorizado a formar su propio capital, afectándolo exclusivamente al cumplimiento de los fines y objetivos dispuestos en su estatuto; en cuyo caso deberá contar obligatoriamente con el órgano de fiscalización”, prevé textualmente el proyecto. Es en este marco que la iniciativa incluye otro órgano para los centros de estudiantes, además de los ya contemplados: Cuerpo de Delegados, Comisión Directiva y Asamblea General.
Se incluye un “órgano de fiscalización” a cargo de la lista “que menos votos hubiera obtenido en los comicios” o con la organización que el cuerpo de delegados prevea, si hubiera una sola lista en la actividad institucional del centro.
Ese órgano de fiscalización tendrá a su cargo la administración de esos recursos, la recepción de dinero que ingrese y la presentación ante el estudiantado de un balance económico una vez al año por lo menos.