La flamante ministra encontró en los últimos días el apoyo de un sector vinculado a los tribunales y a la política. Qué hizo como abogada y legisladora. Sus relaciones con integrantes del Poder Judicial. Las bondades que tiene para ofrecer al Ejecutivo.
La designación de Rosario Romero es un mensaje para la clase media informada. Ese es un efecto buscado y seguramente Gustavo Bordet lo consiguió. El otro está atado a lo institucional. Pero más aún a lo político.
“No me desagrada Rosario Romero”. Ese fue el primer comentario por parte de un abogado preocupado por los casos de corrupción, el viernes por la mañana, cuando circulaba la noticia de que la diputada asumiría en el Ministerio de Gobierno que acababa de dejar Mauro Urribarri.
Horas después se conocería una declaración de Sergio Urribarri apoyando públicamente la decisión del Gobernador por el nombre recogido para la cartera más política del gabinete.
Romero es una dirigente de trayectoria con poco anclaje en el peronismo local. Sin embargo, prestó servicios al partido del General en varias ocasiones y en todos los ámbitos. En la Justicia, en la Legislatura y en el Congreso.
Para apuntar algunos ejemplos. Defendió a Edgardo Massarotti en la causa por la quema de la puerta de Casa de Gobierno durante la crisis de diciembre de 2001 y participó en el juicio por la caída del Banco Municipal de Paraná.
La flamante ministra, como diputada nacional, fue miembro informante de la reforma del Consejo de la Magistratura impulsado por Cristina Kirchner cuando era senadora. Desde esa banca también fundamentó la incorporación al Código Penal de la figura de la “desaparición forzada de personas”.
En la Legislatura provincial fue de las integrantes del bloque justicialista, junto a Juan José Bahillo, más relevantes en la labor parlamentaria. Se encargó la arquitectura jurídica en el juicio político a Carlos Chiara Díaz; en la gestión anterior se puso al frente de la fundamentación sobre la creación de la Jefatura de Gabinete, impulsada por Urribarri cuando era gobernador. ¿Cómo no iba a saludar su designación el ex mandatario?
Relaciones
Romero fue secretaria de Gobierno y también secretaria de Planificación e Infraestructura de Paraná durante la gestión de su esposo, José Carlos Halle.
La escudería Romero-Halle, o viceversa, fue artífice de que al frente del Ministerio Público Fiscal esté Jorge Amílcar Luciano García. Fue Halle, como secretario de Justicia de Jorge Busti, quien eligió al hombre de Concepción del Uruguay para conducir el organismo que en la actualidad es el responsable de la acción penal en la provincia. Acá aparece el primer dato. El Gobierno, con su nueva ministra, tiene a la persona indicada para hablar con el procurador general. Apareció, finalmente, una persona que pueda prestar la oreja en Casa de Gobierno y en sede judicial, que está tan cerca. No pasaba con Mauro Urribarri, ni tampoco con el secretario de Justicia, Martín Uranga, un crítico de la corporación judicial.
En la procuración hay fiscales que fueron funcionarios en la gestión municipal de Halle. Uno es Álvaro Piérola, ex secretario de Educación y Derechos Humanos y yerno de Romero; otro es Alejandro Cánepa, ex secretario Legal y Técnico. Piérola acaba de quedar primero en un concurso en el Consejo de la Magistratura para validar su cargo de fiscal; y Cánepa revalidó su cargo en el mismo organismo que supo presidir en épocas de Busti. Es el fiscal coordinador de las causas que arrinconan a Urribarri. A falta de una Fiscalía Anticorrupción, García lo puso en un lugar clave para seguir de cerca los legajos en los que se investigan delitos en el seno de la administración pública. Allí también seguramente se aceitará el diálogo institucional. Si en el Poder Ejecutivo quieren saber con detalles en qué estado están algunas causas, por ejemplo, la de la Cumbre del Mercosur, podrían recurrir a Romero.
Otro ex funcionario municipal con cargo en la justicia es Marcelo Baridón, quien fue secretario de Transporte de Halle, en el mismo gabinete que integró Romero. Luego pasó a la Justicia con altísimos promedios. Es integrante de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En ese organismo recaen causas vinculadas al Estado y generalmente con el empleado público como actor. Romero el año pasado se encargó de redactar el proyecto de ley sobre responsabilidad del Estado. Su pluma se sumó a la de Julio Rodríguez Signes. Baridón fue uno de los miembros del Poder Judicial convocados para darle forma al texto.
Un paréntesis, y para cerrar: Baridón y Piérola, al momento de desempeñarse como funcionarios municipales, fueron los abogados querellantes en representación de las víctimas de la última dictadura en las causas por violaciones a los derechos humanos.
Romero llega al gabinete de Bordet para ponerse al frente de uno de los lugares más relevantes del Poder Ejecutivo. Y, de yapa, con una aceitada relación con hombres de los tribunales que suelen poner nerviosos a dirigentes. Aplausos para el oficialismo. En su conjunto.