Los cambios llegaron por parte de los propios magistrados que decidieron parar la mano. Se reglamentaron las licencias que estaban en un tope de 4 días de viáticos por mes. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que supuestamente limita gastos reservados en los poderes Legislativo y Judicial, dejándolos sólo para el Ejecutivo. Página Judicial tuvo acceso al proyecto.

Una efeméride que convocó a la consulta. El 23 de noviembre del año pasado, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidió impulsar una investigación al vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz.

La presentación contra el integrante de la Sala Penal la hizo el polémico abogado peronista Carlos Guillermo Reggiardo, enrolado en el Frente Renovador de Victoria.

Las causales por las que solicitó que se lo investigue fueron las ausencias en su despacho por viajar a dar clases y una supuesta la utilización irregular de viáticos. Este segundo punto fue en el que más insistió el denunciante y mayor atención prestaron los legisladores. Para el juicio político se libraron una serie de medidas de prueba con diferentes oficios y solicitudes de informes a facultades, al mismo STJ, al Juzgado Nacional de Primera Instancia en la Civil Número 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empresas aéreas y al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El resultado de todo el proceso fue más escandaloso de lo esperado. Lo de Chiara Díaz se terminó convirtiendo en un caso ejemplar del funcionamiento escandaloso de un sistema. Se intentó, sin éxito, llevar a juicio político a la presidenta Claudia Mizawak.

Según reconstruyó Página Judicial, a un año de los episodios administrativamente no hubo cambios en el control de los viáticos. Los cambios llegaron, sí, por parte de los propios magistrados que decidieron parar la mano. Se reglamentaron las licencias que estaban en un tope de 4 días de viáticos por mes. Antes se hacían uso en su totalidad, no así ahora. “Cundió el pánico y existe prudencia y moderación total”, dijeron en tribunales.

En pleno proceso, hace un año, la comisión investigadora de entonces revelaba información sobre licencias y ausencias de todos los miembros del alto cuerpo en el período 2010-2016. Allí se conoció el siguiente detalle: Chiara Díaz 760; Germán Carlomagno 219; Daniel Carubia 166; Emilio Castrillón 345; Susana Medina de Rizzo 558; Leonor Pañeda: 238; Bernardo Salduna 118; y Juan Ramón Smaldone 174. El informe lo aportó Salduna y la excluida fue Mizawak, z quien también por esos días se le había pedido juicio político.

Chiara Díaz, finalmente, terminó renunciando para evitar su destitución que ya contaba con los votos. Lo suplió Miguel Angel Giorgio. Sobre el renunciado pesa una causa que le inició Diego Lara, diputado oficialista y presidente de la comisión que lo enjuició. No hay novedades al respecto.

Gastos reservados

Este miércoles, en la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de ley que supuestamente limita los conocidos “gastos reservados” en los poderes Legislativo y Judicial, dejándolos sólo para el Ejecutivo y en caso de “situaciones de urgencia fundadas en la gestión”, según se desprende del artículo 1º del texto al que tuvo acceso Página Judicial. “Toda la información relativa a los créditos destinados a gastos reservados podrá ser modificada únicamente pro previa y expresa modificación de la Legislatura de la provincia”, dice el artículo 4º y ante último del proyecto del diputado de PRO, Esteban Vitor. (Ver Adjuntos)

En el recinto, Lara fue la voz del oficialismo para dar a conocer el acompañamiento a la iniciativa. En su oratoria reconoció que lo que se iba a aprobar tuvo como contexto lo sucedido un año antes. No obstante, se encargó de aclarar que en el Poder Judicial no tenía “gastos reservados”, sino “gastos protocolares de representación”.

Página Judicial

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