Rechazan acciones arbitrarias del Enacom con cierres de medios y acciones penales

Un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados de la nación dispone el rechazo a “las acciones manifiestamente arbitrarias llevadas adelante por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), derivadas de la aplicación de las resoluciones 9435-E/2016 y 2064 –E-/2017, mediante las cuales ha dispuesto la implementación de procedimientos abusivos ordenando el cierre intempestivo de medios de comunicación, así como la promoción de acciones penales contra periodistas”.

Estos hechos, advirtieron los legisladores firmantes de la iniciativa, “atentan contra la vigencia derechos constitucionales como el derecho al trabajo y el de libertad de expresión.

En este marco, pidieron a la comisión bicameral de Promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización, su intervención “a los efectos de conformar una instancia institucional que evalúe el marco normativo vigente y el desempeño de las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones”.

En la fundamentación de la iniciativa, de autoría del diputado entrerriano Julio Solanas, señalaron que la libertad de expresión “es un derecho humano que comprende la difusión del pensamiento y de la información, de modo que una restricción a las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente”.

La Convención América sobre Derechos Humanos (Cadh) en su artículo 13 consagra el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, estableciendo que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Tras citar esta y otras convenciones y pactos internacionales, Solanas concluyó que “no cabe duda que el Poder Ejecutivo, mediante el dictado de la Resolución 9435-E/2016 y de la Resolución 2064 –E-/2017, ha embestido con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta contra la vigencia de derecho humano trascendental a la expresión e información”.

El legislador sostuvo que el derecho a la información “no sólo debe descansar en la mera proclama formal, sino que fundamentalmente se debe garantizar con mayor efectividad la libre y mayor circulación de informaciones, ideas, opiniones”.

Entre los puntos polémicos de las resoluciones cuestionadas, Solanas mencionó que se previó en en la primera de las resoluciones mencionadas la delegación en la Dirección Nacional de Control y Fiscalización “la facultad para declarar la ilegalidad, la clausura, decomiso, o secuestro de toda fuente de interferencias, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del Poder Judicial y de la fuerza pública”.

“Esta norma encuentra correlación con el dictado de la Resolución 2064-E/2017, que en dos incisos 1) y2) establece las facultades para imponer sanciones y clausura, secuestro, apercibimiento, multa/comiso, según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”, alertó Solanas.

Ante este panorama, el diputado entrerriano sentenció que ambas normas colisionan con las previsiones de la ley Nacional 27.078, que en el artículo primero expresa que su objeto es “posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad” y también con su finalidad de “promover el rol del Estado como planificador, incentivando la función social que dichas tecnologías poseen”.

“Por ello no dudamos en calificar de abusivo y arbitrario el accionar de ente, que ha avanzado ilegalmente perjudicando a medios locales de las Provincias de Entre Ríos, así como también de las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes, y el sur del país”, advirtió el legislador que hizo referencia a los casos ocurridos en Diamante y Federal. (aim)


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