El control, la verificación, la supervisión de las obras y sus certificados en la mira: Bordet demanda una investigación a fondo por las irregularidades en las obras de las rutas 38, 39 y el acceso a Colonia Elia

Luego de las denuncias realizadas y las investigaciones administrativas y judiciales en marcha, el gobernador instruye a la administradora de Vialidad el objetivo de establecer responsabilidades por el lamentable estado de los caminos entrerrianos que recientemente se han inaugurado o están próximos a finalizar

 A fines de noviembre este Portal se hacía eco de varias denuncias provenientes de distintas localidades de la Provincia que daban cuenta del estado deplorable que se encuentran varios tramos de los caminos que las unen.

Denuncias que no escondían el malestar e indignación debido a que dichas rutas provinciales han sido recientemente inauguradas o están próximas a estarlo y presentaban serias roturas en el pavimento.

En todos los casos las sospechas, sobre el estado de las rutas o accesos, recaen sobre varios ex funcionarios públicos de Vialidad Provincial que debieron verificar, controlar y supervisar las distintas etapas de ejecución de las obras.

Obras por las cuales la DPV recibió 2.500 millones de pesos para su ejecución, que más allá de certificar las obras y haberlas pagado, a meses de su inauguración o sin estar finalizadas ya presentan pavimentos levantados, que se han realizado con una capa asfáltica de 3 o 4 centímetros que ya se ha levantado o sin respetar las medidas con respecto a la banquina permitiendo el ingreso del agua a la ruta (pavimento abovedado).

Rutas destrozadas que presentan como consecuencia graves accidentes viales y que han obtenido las certificaciones de obras por parte de los funcionarios viales, quienes a sabiendas de las deficiencias en la ejecución, han certificado las mismas permitiendo el desembolso por parte del Estado de sumas millonarias a los privados.

Ejemplos paradigmáticos de las denuncias lo representan las Ruta Provinciales 38, 39 y el acceso a Colonia Elia, las cuales demandaron las sumas de más de 249 millones, superior a los 149 millones y 60 millones respectivamente.

Obras por las que ya, luego de conocerse su estado de intransitabilidad y los graves accidentes que el mismo ha provocado, se han presentado varias presentaciones formales a la DPV como al Tribunal de Cuentas con el fin de establecer responsabilidades por el millonario daño patrimonial al Estado.

Un Estado Provincial que, en virtud del deber de velar por la seguridad vial en sus caminos, dentro del cual se encuentra asegurar el buen estado de los mismos, es responsable ante los accidentes de tránsito que se produzcan en las rutas, debiendo asumir los costos de las millonarias demandas por muertes y lesiones graves.

Dentro de aquellas presentaciones figuran la de los senadores provinciales Pablo Canali y Lucas Larrarte, quienes, si bien puntualmente sobre la recientemente asfaltada RP38 que une localidades de sus departamentos, apuntando la realización de un control y auditoría de la calidad de los trabajos y materiales empleados en la obra.

Asimismo, los senadores, solicitaron que de detectarse inconsistencias técnicas de los trabajos efectuados y de los materiales empleados, en referencia a lo que estipulan el pliego de bases y condiciones y los contratos firmados con las empresas adjudicatarias, dado que es una obra pública financiada con fondos públicos, se determinen las responsabilidades contractuales a efectos de hacer los reclamos pertinentes.

Otro caso de presentaciones formales fue el caso de dos pedidos de acceso a la información pública por el estado de las RP38, 39 y el acceso a Colonia Elia presentados, uno ante Vialidad, el otro ante el tribunal de Cuentas de la Provincia.

El objeto de las mismas es establecer las distintas responsabilidades de los funcionarios de Vialidad y de las empresas que ejecutaron las obras denunciadas por su lamentable estado.

Una presentación donde se hace especial mención a la constante de los últimos tiempos de los lamentables casos de corrupción con la obra pública, que indican una corrupción estructural e institucional instalada en distintas reparticiones de nuestro Gobierno, no escapando el organismo vial esta penosa realidad.
Tal fue la repercusión de la publicación sobre el lamentable estado de las rutas que motivó una investigación penal de oficio por parte del Fiscal del departamento Uruguay, Fernando Martinez Uncal por la obra del acceso a Colonia Elia.

Entre las primeras medidas probatorias, el Fiscal libró oficios al intendente de la localidad, Ramón barrera, el cual según contó a este medio le solicitó informes sobre la ejecución de la obra.

Más allá de dicha causa penal puntual y a pesar de que se desconoce aún la marcha o el avance sobre las distintas presentaciones formales en las áreas administrativas pertinentes, ahora, desde Vialidad trascendió que el propio gobernador Gustavo Bordet instruyó a la administradora de la DPV, Alicia Benítez, a investigar hasta las últimas consecuencias sobre las responsabilidades por el daño millonario al estado en virtud de las obras mencionadas.

Las palabras de Bordet dirigidas a la administradora pidiéndole con vehemencia una investigación a fondo sobre la certificación de las obras y las responsabilidades de los funcionarios y privados fueron escuchadas en la primera reunión de gabinete que encabezó el gobernador ayer.

Obras que, en la totalidad de los casos, demandan una nueva inversión millonaria para su reparación, provocando un nuevo perjuicio a las arcas patrimoniales estatales.


About the author  ⁄ sauce

Comments are closed.