La Multisectorial de Derechos Humanos marchó en el 42 aniversario del Golpe cívico-militar. La consigna este año fue para que los genocidas sigan en la cárcel y contra el ajuste y la represión. Hubo cánticos contra el presidente.

 

La Multisectorial de Derechos Humanos marchó este sábado en Paraná al cumplirse el aniversario 42 del Golpe cívico-militar de 1976. La movilización fue bajo la consigna: «El único lugar para un genocida es la cárcel común. Marchamos contra el ajuste y la represión”.

Como todos los años, el punto de partida fue la Plaza Sáenz Peña que culminó con un acto en la Plaza Alvear, en el centro cívico paranaense. Durante todo el recorrido se escucharon críticas al gobierno nacional de Mauricio Macri, e incluso el ya famoso cantito “MMLPQTP”, que comenzó en las canchas y se replicó en eventos culturales, recitales y manifestaciones de trabajadores.

En la tradicional marcha se vieron a dirigentes políticos como Blanca Osuna, exintendenta de Paraná; el diputado Julio Solanas; el exministro de Producción Roberto Schunk; los concejales peronistas de Paraná, entre otros.

El documento que es leído en el acto en la Plaza Alvear es fuertemente crítico del Gobierno nacional y las políticas de seguridad de su gestión, al que califican de represivas. También cuestionan a la Justicia por los beneficios a genocidas.

“Hoy en muchas partes del país y del mundo, el pueblo se moviliza para repudiar enérgicamente el Golpe de Estado de 1976 pero también se moviliza y repudia con la misma energía el programa de miseria planificada que ejecuta el gobierno de la alianza Cambiemos. Miles y miles de paranaenses somos parte de esta enorme marcha del pueblo que toma en sus manos su historia, para enfrentar un presente duro de lucha y soñar un futuro de dignidad y felicidad para todos y todas”, arranca el texto.

Enseguida se destaca que la marcha fue multisectorial y se construyó “con la unidad de distintos sectores que buscamos los puntos de acuerdo y postergamos las diferencias”. El MST-Nueva Izquierda no firmó el documento debido a diferencias de análisis sobre la era kirchnerista, aunque marchó en unidad este sábado.

“Marchamos unidos porque el gobierno de la alianza Cambiemos lleva adelante un violento ataque contra los ingresos y el empleo, porque este gobierno del PRO y la Unión Cívica Radical es un gobierno de ricos, es un gobierno contra los pobres”, se explicó.

“Este 24 de marzo volvemos a exigir juicio y castigo para los responsables militares y civiles y para los cómplices, instigadores y beneficiarios del genocidio, así como también para quienes sembraron el terror desde antes del golpe, a través de la Triple A, el Comando Paraná y el resto de las fuerzas para-estatales. Todos los años en esta fecha nos unimos en la lucha para mantener viva la memoria, por más que pretendan imponernos el olvido y la reconciliación desde el gobierno, la iglesia, los medios hegemónicos de comunicación y los grupos económicos. Marchamos para defender la verdad y derribar el muro de silencio, para que el grito de 30.000 compañeros y compañeras presentes se transforme en la bandera que nos lleve a un país más inclusivo”, se indicó.

“Estos rostros en estas pancartas representan el ejemplo de compromiso y militancia que hoy defendemos en esta plaza. Estos compañeros y compañeras desaparecidos fueron asesinados por sostener en las ideas y en las acciones, con su vida y su sangre, la construcción de un proyecto revolucionario de sociedad”.

“Hoy estamos con el cuerpo en la calle, recogiendo esa herencia de lucha y compromiso; la misma que nos transmiten los sobrevivientes del Terrorismo de Estado, quienes se bancaron los centros clandestinos de detención y la cárcel, las torturas y el exilio, la misma lucha que parieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que nos enseñaron a fuerza de una perseverancia imbatible que lo imposible solo tarda un poco más”.

A siguiente párrafo se criticó que “el gobierno nacional busca instaurar la impunidad en Argentina” y se cuestionó que “sostiene a un secretario de Derechos Humanos como Claudio Avruj, que desconoce los compromisos internacionales asumidos por el país en la materia que contribuye al negacionismo sobre los delitos de la dictadura y en la idea de una supuesta guerra sucia, desempolvando la teoría de los dos demonios”.

Además, los cuestionamientos fueron para el intendente Sergio Varisco: “También revive la teoría de los dos demonios –y está haciendo un acto multitudinario en Echagüe y 25 de Mayo- y el municipio de Paraná tiene como secretario Legal y Técnico a Walter Rolandelli quien ejerce la defensa de Miguel Torrealday, especialista en robo de bebés y quien fuera uno de los responsables directos de la apropiación del mellizo Valenzuela – Negro”.

A su vez, se indicó que “este funcionario no puede estar ni un minuto más en su cargo”, del mismo modo que se le exigió “al Presidente Mauricio Macri la renuncia de Avruj”, lo que generó una vez más el cantito contra el mandatario nacional “MMLPQTP”. También se criticó que la “Corte Suprema de Justicia falló a favor del beneficio del 2×1 a los genocidas” y se destacó que “miles de personas salimos a repudiar este fallo en todo el papis y así se logró la sanción y promulgación de la ley que establece claramente que ese beneficio no debe otorgarse a personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad y genocidio”.

“Movilizados y en la calle logramos también que (Miguel) Etchecolatz vuelva al penal de Ezeiza de donde nunca debió haber salido. Sin embargo, el gobierno intenta garantizar la impunidad con la excusa de la superpoblación carcelaria y solicita solapadamente que se le otorgue la prisión domiciliaria a los represores», se agregó.

En seguida, se acotó: “Por eso seguimos exigiendo cárcel común para los genocidas, decimos basta de otorgamiento irrestricto de arrestos domiciliarios para quienes perpetraron los crímenes más aberrantes de nuestra historia contemporánea y que la Corte Suprema de Justicia revierta el criterio establecido por el fallo Muiña”.

En ese contexto, se cuestionó que “el Poder Judicial contribuye a que estos sectores sigan impunes y han construido un blindaje para los civiles que también fueron responsables de delitos de lesa humanidad” y se elevó el reclamo “al Estado Nacional por la implementación de políticas de memoria, verdad y justicia” que “es y ha sido producto de una lucha histórica del movimiento de derechos humanos en Argentina”.

“Los derechos son y seguirán siendo una lucha inclaudicable y no pensamos dar ni un paso atrás, la persistencia de Madres, Abuelas y todo el movimiento de derechos humanos todavía da sus frutos y una auténtica victoria que nos toca de cerca es la restitución de la identidad de Adriana, la hija de los detenidos desaparecidos Edgardo Garniel y Violeta Solari. El abrazo de ella con su abuela Blanca en Concepción del Uruguay, un abrazo que se demoró cuatro décadas por culpa del terrorismo de Estado es también un abrazo colectivo, reparador y esperanzador. Es el mismo abrazo que festejaremos cada vez que encontremos a otro nieto o nieta y también cuando el Melli, nacido en el Hospital Militar de Paraná, hijo de los militantes montoneros desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela se reencuentre con su hermana melliza Sabrina y sus hermanos Sebastián y Matías, y toda su familia biológica”.

Se exigió además “a los civiles y militares responsables del plan sistemático de robo de bebés que rompan el pacto de impunidad y hagan su aporte a la verdad”. “Exigimos al Tribunal Oral Federal de Paraná que juzgue y condene a los médicos propietarios del Instituto Privado de Pediatría por haber suprimido la identidad y la historia familiar de los hijos de Raquel y Tulio. A Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi una vez más les preguntamos, les exigimos que expliquen a quién le entregaron el Melli y le gritamos bien fuerte al Poder Judicial Federal de Entre Ríos que la justicia lenta es impunidad. Exigimos sentencia en la causa Capellino y que fije fecha para el debate en la causa que investiga la desaparición de Jorge Emilio Papetti y la privación ilegal de la libertad y tormentos de la que fueron víctimas muchos compañeros y compañeras, causas que llevan abiertas más de ocho años”.

“Es imperante la necesidad de acelerar los juicios, porque el tiempo juega en contra de la verdad y la justicia. Pedimos la unificación de las causas ya radicadas en el Juzgado Federal de Paraná, donde muchos compañeros y compañeras denunciaron haber sido detenidos de manera ilegal por personal de la Policía provincial y que se lleve a cabo una investigación seria para dar con todos los responsables. Seguimos exigiendo la apertura de todos los archivos de la dictadura, herramientas fundamentales para la lucha contra la impunidad”.

“Sabemos que la política de olvido del gobierno mantiene una coherencia con su programa económico y con el carácter represivo de las fuerzas de seguridad, porque hoy como ayer el ajuste sobre los trabajadores no puede llevarse adelante sin represión. Pero también sabemos que la organización y la movilización popular es nuestra mejor herramienta para enfrentar este programa que, como el de la dictadura, hunde en la miseria planificada a millones de compatriotas.

Las agrupaciones cuestionaron que “el Presidente Mauricio Macri utiliza las fuerzas de seguridad para que las balas, los gases, los carros hidrantes y las detenciones arbitrarias sean la única respuesta a la protesta” y en ese marco criticaron “el protocolo de actuación en las manifestaciones que criminaliza la protesta y limita la labor de los periodistas, dejando un claro mensaje: la manifestación social y política será perseguida durante el macrismo”.

En ese marco, exigieron “el desprocesamiento de más de 4.000 luchadores sociales y populares en todo el país, la libertad de Milagro Sala y la derogación de la ley antiterrorista que es la base de los protocolos anti-piquetes de la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich”.

Demandaron “el fin de la persecución política, mediática, judicial y todo tipo de acción intimidatoria a quienes representen sectores enfrentados al oficialismo y del hostigamiento de quienes se expresan en contra del Presidente en redes sociales porque hoy la libertad de expresión no está garantizada en Argentina”.

En ese marco, volvieron a criticar al gobierno de Macri porque “la represión de la protesta como política de Estado tuvo a su desaparecido: Santiago Maldonado, su desaparición forzada, seguida de muerte y su aparición forzada fueron responsabilidad de Gendarmería, es decir del Estado, ya que murió por ser perseguido a balazos en una protesta. El Estado también es responsable del asesinato de Rafael Nahuel, baleado por la espalda”. En ese punto se exigió la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

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