Una sesión espiritista: El debate que se viene: la reforma electoral y la cláusula de la gobernabilidad

Una reforma que, al incluir la implementación de la boleta única en su versión papel como otras algunas modificaciones, impactará de lleno en la integración de la Cámara de Diputados de la provincia como hoy la conocemos.

El esquema propuesto es imitar el sistema que utiliza la provincia de Santa Fe, algo que abre la posibilidad de que, luego de los comicios entrerrianos, resulte electo un gobernador o gobernadora de un partido político y una mayoría en la cámara de diputados de otro partido.

Una situación inédita en la provincia y que necesariamente inaugurará una nueva polémica, previéndose un intenso debate, no sólo en los respectivos recintos donde la misma se tratará, sino también posiblemente en el ámbito judicial, ya que algunos conocedores estiman que la disposición colisionaría con el artículo 91 de nuestra Constitución Provincial.

Ya en el 2008 en plena Convención Constituyente la denominada “cláusula de gobernabilidad” fue objeto de discusiones en virtud de una propuesta de reformarla.

Un proyecto que correspondió al bloque de la Coalición Cívica – Partido Socialista proponía el sistema proporcional D’Hont para la distribución de las bancas de diputados pero eliminaba la cláusula de gobernabilidad.

Sin embargo, por la férrea defensa del bloque del justicialismo, el artículo no sufrió ninguna modificación, quedando vigente el artículo que fue sancionado en la décima sesión ordinaria de la convención constituyente de 1933 bajo el número 51.

Un artículo al cual los históricos convencionales le dieron suma importancia, tal es así que lo trataron por separado, es más, en una sesión distinta al tratamiento al capítulo de la reforma política donde está incluida la disposición.

“Los diputados serán elegidos directamente por el pueblo de la provincia, en distrito único, por un sistema de representación proporcional; pero que asegure al partido mayoritario la mayoría absoluta de la representación. La ley determinará la forma de distribuir el resto de la representación. Se elegirán también lista de suplentes por cada partido o agrupación para reemplazar a los que cesen en su mandato por muerte, renuncia o cualquiera otra causa. Tratándose de los elegidos por las minorías se incorporarán los candidatos titulares de las listas proclamadas que no hayan resultado electos”, reza el artículo 91 de la carta magna provincial.

Frente a tal disposición y la mentada reforma electoral, indudablemente la discusión versará sobre la interpretación que se le otorgue a la expresión “partido mayoritario”.

Una discusión que desde el sector al cual el gobernador Gustavo Bordet le encargó la redacción de la reforma electoral estiman que no se dará, ya que consideran que no existe ni un ápice de choque con la normativa constitucional.

Más allá de esto, lo cierto es que para el caso de que se debata la constitucionalidad o no, como se prevé, se deberá desentrañar el verdadero sentido de la norma, debiendo, las partes antagónicas necesariamente resucitar a los convencionales del 33 para buscar el espíritu que inspiró la disposición.

Tanto en el ’33, al sancionarlo, como en el 2008 al defender su no modificación, las voces que se alzaron fueron coincidentes y apuntaban a que el oficialismo provincial, es decir, el Ejecutivo, cuente con suficientes bancas en la Legislatura para llevar adelante su proyecto de gobierno.

Sin embargo de la letra fría del texto, es decir, de su expresión literal no surge necesariamente que con el partido mayoritario deba entenderse el del gobernador, de allí, se estima, la seguridad proveniente de la ministra Romero que realizó el proyecto que ya fue entregado al gobernador.

En este sentido, no es casual que la diputada de Cambiemos, Ayelén Acosta, haya presentado un proyecto de ley instando la reforma constitucional de la cláusula de la gobernabilidad contendida en el artículo 91.

Una iniciativa que llamativamente, luego de ser anunciada con bombos y platillos, no se sabe hoy cuál es su estado parlamentario, desconociéndose si lo planchó o se lo plancharon en virtud de no considerar necesaria la reforma para implementar la reforma electoral.

Una reforma electoral que ya se anunció será presentara formalmente ante la legislatura en los próximos días, aunque también se confió que se encuentra en constante corrección, pero que sin dudas genera enormes expectativas y, más allá de no conocérsela íntegramente, se encuentra en boca de todos, previéndose un copioso debate.

Una reforma electoral que, conforme a los plazos, apremia al gobernador sacar adelante, ya que en la agenda del Ejecutivo es sabido que se encuentra el desdoblamiento de los comicios, situación con la cual se prevé acrecentar sus chances para obtener un segundo mandato al frente de la provincia.

Un desdoblamiento que necesariamente deberá ser decretado en octubre, más tardar noviembre del 2018, para poder elegir a las autoridades provinciales, conforme a los plazos legales, en marzo del 2019, lo cual obliga al gobernador Bordet a presentar con premura la iniciativa de reforma electoral, para ser tratada y debatida con la antelación suficiente a aquella convocatoria a elecciones, posiblemente antes del mundial.

Un debate que se viene con la reforma electoral y que incluirá la discusión de la cláusula de la gobernabilidad contenida en la Constitución Provincial, montándose un escenario sin precedentes para el 2019 cuando se dé la posibilidad que en el Ejecutivo se ice la bandera de un color político y que la mayoría de la cámara baja provincial quede en manos de la oposición.