Si, como algunos especulan, la interna en el peronismo termina frenando la reforma electoral y la legislación no se modifica, Bordet concentraría en el PJ todo el poder del armado político, no habría espacio para minorías y se tendría que votar en octubre.
Desde hace algunas semanas se instaló como un hecho que el recalentamiento de la interna peronista pondría en peligro la aprobación de la reforma electoral que impulsa el gobernador Gustavo Bordet, con el fin de reemplazar la boleta sábana por la boleta única de papel y derogar la Ley Castrillón para adoptar internas abiertas con representación de minorías.
Propios y extraños afirman que es ese enfrentamiento interno el que explica, entre otras cosas, las demoras que tuvo la presentación en sociedad del proyecto concreto y la decisión de ingresarlo por el Senado, porque las resistencias se registran en la Cámara de Diputados, que preside el ex gobernador Sergio Urribarri.
Pero los que le restan poder de daño a la interna argumentan que lo peor que le podría pasar a los peronistas críticos de Bordet es que no haya reforma y todo quede como está.
Es que la normativa en vigencia de internas (Ley Castrillón) le otorga todo el poder del armado electoral al candidato a gobernador “oficial” de un partido, que en el caso del peronismo vendría a ser Bordet en busca de su reelección.
Con la ley vigente, para ser diputado provincial hay que ir en la lista del candidato a gobernador “oficial”, que es el que más chances tiene de ganar en una interna. Sin representación de minorías, el que gana se lleva todo y el que pierde –así fuese por un voto- se queda sin nada.
Si Urribarri, en su distanciamiento con Bordet, endureciera su postura en contra de la reforma política, haría pelear a los actuales diputados provinciales del Frente para la Victoria con el Gobernador y con ello, según la legislación vigente, les quitaría la posibilidad de ser reelectos, porque seguramente el dedo del candidato a la reelección no los tocaría.
Todos unidos sobreviviremos
Más allá de la interna, un freno a la reforma política terminaría perjudicando al conjunto del peronismo que, sin un candidato a presidente competitivo, necesita separar las elecciones provinciales de la nacionales para contar con más chances de retener el gobierno de Entre Ríos en 2019.
Si no se modifica nada, las elecciones provinciales deberían ser simultáneas con las nacionales: la última reforma que le introdujeron a la Ley Castrillón (aquellos retoques que impulsó Urribarri en 2015 a medida de sus intereses internos) fija la fecha de las PASO en el “segundo domingo de agosto” del año electoral.
Si la interna se desmadrara y no hubiera una reforma que, vía representación de minorías, buscara contenerla, el peronismo bien podría repetir su reciente historia de fractura electoral, como en 2007 con la Lista 100 de Julio Solanas, o como en 2011 con el Frente Entrerriano Federal de Jorge Busti.
Esas dos experiencias le terminaron resultando pura ganancia al peronismo en el plano parlamentario, porque en 2007 y 2011 fue el partido que ganó las elecciones. Y luego los diputados electos en la general por las listas del peronismo opositor se sumaron, sin más, a los bloques del oficialismo, en una distorsión de la voluntad popular mucho mayor al que se produciría con un sistema de lemas como el que ahora evalúan franjas del peronismo crítico a Bordet.
El problema es que 2019 no es 2007 ni 2011. Más bien todo lo contrario. En una provincia sin balotaje, una división electoral del peronismo para los comicios del año que viene implicaría directamente entregar el gobierno entrerriano a Cambiemos.