Julio César Grassi cumplirá una condena por abuso sexual y corrupción de menores de 15 años en la Unidad Penal 39 de Ituzaingó, según resolvió el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón, que basó su decisión en tres fallos condenatorios anteriores y en el peligro de fuga.

La decisión fue tomada por los jueces Mariana Maldonado, Pablo Lucero y Claudio Cheminade, quienes asumieron en forma reciente sus cargos en el Tribunal, donde reemplazaron a Luis Andueza, Jorge Carrera y Mario Gómez quienes habían condenado a Grassi, pero le habían permitido la libertad hasta que la sentencia quedara firme.

El sacerdote fue condenado por el TOC 1 en junio del 2009 a 15 años de prisión por haber abusado de un menor, que en el juicio adoptó el nombre ficticio de «Gabriel», que se alojaba en guarda judicial en la Fundación Felices los Niños, que Grassi presidía. La condena fue confirmada en tres instancias, pero hasta hoy gozaba de una libertad morigerada.

El Tribunal, tras haber escuchado durante dos horas y media a todas las partes, dispuso hoy la «inmediata detención» de Grassi por el principio básico de la Constitución Nacional de «afianzar la justicia».

Argumentó además la existencia de tres fallos condenatorios -dos de ellos ordinarios y uno extraordinario (Cámara de Apelaciones, Casación y Suprema Corte bonaerense)- contra el sacerdote por el delito de abuso sexual y corrupción de menores.

La jueza Maldonado dijo que el Tribunal decidió la detención de Grassi basándose en «actos claros y precisos, que dejan en evidencia un peligro de fuga concreta y verificable» del imputado.

«La privación de la libertad durante el trámite del proceso únicamente podrá legitimarse como excepción y no debe ser la regla general», precisó la resolución del TOC 1, que fue leía hoy en audiencia oral y pública en la sede de los tribunales de Morón.

La jueza dijo que el estado de inocencia del encausado «continúa intacto» pero ordenó cesar la libertad vigilada.

«De lo contrario este proceso incurriría en alta gravedad institucional», sostuvo la presidenta del TOC 1 y agregó que por su condición de clérigo se dispuso para la detención la unidad 39 de Ituzaingó, ubicada en el barrio San Alberto, diócesis de Morón.

El sacerdote escuchó las palabras de la magistrada sin realizar  un sólo gesto y, una vez concluida la lectura, tomó sus cosas y se retiró sin que los policías que lo custodiaban le colocaran esposas.

El cura, en el lapso que tuvo para exponer su posición, desmintió haber realizado «amenazas» a las víctimas y dijo que le «armaron una causa» al tiempo que negó tener medios económicos para fugarse, lo que apoyó levantándose de su asiento y mostrando el fondo de los bolsillos de sus pantalones.

El abogado querellante Juan Pablo Gallego dijo que a partir de hoy «los niños podrán estar en paz»

El abogado querellante, Sergio Piris, cuyo defendido «Gabriel» es el único de los tres denunciantes -junto a los menores conocidos como Luis y Ezequiel- por el que Grassi fue condenado, dijo hoy que está «conforme» con la resolución de los jueces de Morón, porque la situación de libertad de la que gozaba el cura «era un privilegio».

Para Piris, «en este proceso que comenzó en el 2002 se tuvo poco en cuenta a las víctimas. Se lo contuvo más al imputado que a los jóvenes denunciantes», aseguró el letrado en diálogo con Télam, para quien «este es el fin de un capítulo negro para las víctimas, que mientras estaban en esta situación, veían a Grassi pasearse por los programas de televisión gozando de libertad».

En tanto, el abogado querellante Juan Pablo Gallego dijo que a partir de hoy «los niños podrán estar en paz. De una vez por todas aparecieron la garantías de las víctimas».

«Este sujeto por fin va a cumplir la pena que le corresponde por los delitos que ha cometido», destacó el letrado que representa a los derechos de los niños a través de Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niños (Casacidn).

En tanto, el abogado querellante Jorge Calcagno dijo hoy que la detención de Grassi «es un paso muy importante» y que aunque la defensa apele la sentencia «el acusado deberá esperar en prisión».

«La legislación le permite a Grassi realizar otra apelación en instancia de la Corte Nacional; pero mientras la Corte decide si admite o no el caso el imputado deberá seguir preso, por eso era tan importante que se resolviera la detención en el día de hoy», sostuvo.

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