La amenaza de los fondos buitre a las reestructuraciones de deuda, la necesidad de plantear compromisos de pago a partir de la capacidad de pago de los países y la metodología de las calificadoras de riesgo, fueron puntos relevantes de la declaración del Grupo de los 77 (G77) que se reunió en Nueva York.

«Presentamos una declaración ministerial donde se hace mención a los estragos que causan los fondos buitre a la necesidad de respetar la soberanía de los países», indicó hoy a Télam el canciller Héctor Timerman, quien participó en el encuentro del grupo que integran naciones en vías de desarrollo.

De hecho, el párrafo 11 del documento sostiene que «los Ministros reiteraron la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen los esfuerzos de reestructuración de la deuda de países en desarrollo, y que estos fondos no deben suplantar el derecho del Estado de proteger a su gente bajo ley internacional», en línea con el planteo argentino en la materia.

Recordaron que el asunto de la «gestión de la deuda soberana ha sido un tema crucial para el desarrollo de los países», debido a  «las actividades de los fondos buitre».

En este sentido, recordaron ejemplos recientes de acciones de fondos buitre «en los tribunales internacionales que han puesto de manifiesto su naturaleza especulativa y con fines de lucro; estos fondos buitres representan un riesgo para todos los procesos de reestructuraciones de deuda futuras, tanto para países en desarrollo y desarrollados», sentenciaron.

Timerman indicó que durante el encuentro «se manifestó explícitamente la importancia de poder trabajar con la deuda en una forma que implique que la resolución de un problema de deuda sea un camino más para que un país pueda resolver y profundizar su desarrollo económico, y no solo un accionar llevado adelante por un grupo de financistas».

Asimismo, se hizo hincapié «en la necesidad de un sistema de clasificación de crédito internacional más transparente que tenga plenamente en cuenta las necesidades, inquietudes y particularidades de los países en desarrollo, especialmente en gran medida los países en desarrollo endeudados».

En este sentido, los cancilleres cuestionaron el accionar de las principales agencias de calificación crediticia.

Hicieron hincapié «en que una mayor competencia entre las agencias de calificación es necesaria para evitar las tendencias oligopólicas y sus efectos negativos», además de una mayor regulación.

Por último, entre otros temas, pusieron énfasis en la necesidad de reformular el poder decisorio de los organismos donde pesan más los desarrollados, como el FMI, desde el punto de vista que hoy los países en desarrollo tienen mayor peso en la economía mundial.

«La reforma de la fórmula del 2010 del FMI debe ser completada con urgencia, con el fin de garantizar que las cuotas y la gobernanza del FMI reflejen mejor la relación de peso de los países emergentes y en desarrollo en la economía global», enfatizaron.

%d