El Pozo de Banfield fue el centro de detención donde alojaron a los jóvenes militantes. En un nuevo aniversario, reclaman que la Justicia comience a saldar una deuda de la democracia.
A 42 años de la Noche de los Lápices, cuando la dictadura secuestró a estudiantes secundarios, sobrevivientes y familiares todavía esperan que se lleve adelante el juicio por el Pozo de Banfield, el último lugar donde fueron vistos con vida.
Entre el 16 y el 21 de diciembre de 1976, las patotas de la policía bonaerense de Ramón Camps se llevaron de sus casas a diez estudiantes secundarios en La Plata. Sus casos fueron revisados por la justicia en distintos momentos: en el Juicio a las Juntas de 1985, en la causa 44 contra Camps y sus hombres (1986), así como en el juicio por el Circuito Camps (2012) que tuvo a Miguel Osvaldo Etchecolatz como su principal acusado. Pero todavía falta que la justicia investigue qué pasó con los chicos en sus últimos días en el Pozo de Banfield.
Entre noviembre de 1974 y principios de 1979, la Brigada de Investigaciones – ubicada entre las calles Siciliano y Luis Vernet, a un par de cuadras del Camino Negro — fue el Pozo de Banfield, un centro clandestino de detención, tortura y muerte que también funcionó como una maternidad clandestina – donde al menos 22 mujeres embarazadas permanecieron secuestradas, según estimaciones de Abuelas de Plaza de Mayo — y como una de las bases del Plan Cóndor, la coordinación represivas de las dictaduras del Cono Sur.
“Esperamos este juicio. Queremos que se haga porque ése fue el destino final de los chicos. Los mataron ahí”, dice Marta Ungaro, hermana de Horacio, uno de los adolescentes desaparecidos en La Noche de los Lápices. Horacio, al igual que María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Daniel Racero, Francisco López Muntaner, Claudio de Acha, eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
Pablo Díaz fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976. Era militante de la Juventud Guevarista y compartió cautiverio con sus compañeros secundarios de La Plata. Su testimonio en el Juicio a las Juntas recorrió todo el mundo como un relato del horror de la última dictadura. Vio por última vez a los chicos el 28 de diciembre de 1976, cuando fue trasladado al Pozo de Quilmes, de donde pasó a la Comisaría 3 de Valentín Alsina y a la Unidad 9 de La Plata antes de ser liberado en noviembre de 1981.
El juicio
En los últimos días de agosto, los querellantes fueron notificados que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín tendrá a su cargo el juicio por crímenes cometidos en los pozos de Banfield y de Quilmes, según decidió la Cámara Federal de Casación ante la imposibilidad de que los jueces que llevan adelante los juicios en La Plata se hagan cargo. El TOF 2 de San Martín está integrado por Daniel Petrone, Daniel Cisneros y María Marta Dos Santos. Sin embargo, se estima que esa composición puede cambiar.
Se calcula que el juicio podría comenzar entre febrero y marzo del año próximo, aunque todavía no se fijó fecha.
Entre los acusados que tendrán que sentarse en el banquillo está Juan Miguel “Nazi” Wolk, quien fuera el jefe del Pozo de Banfield y que se mantiene en prisión domiciliaria en Mar del Plata, beneficio que conservó aun después de fugarse. Lo deberán acompañar Etchecolatz, el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, el exjuez federal Juan María Torino (secretario de Gobierno bonaerense) y el médico policial Jorge Antonio Bergés.
“Necesitamos que se haga el juicio”, insiste Marta Ungaro. “No les da la vida a ellos – los represores – ni a nosotros. Son 42 años”.
El Pozo de Banfield estaba en la subzona 11, a cargo de la Brigada de Infantería X de La Plata y del Área 112, con asiento en el Regimiento de Infantería Mecanizada N°3 de La Tablada, por lo que irán a juicio también once militares con responsabilidad en la subzona.
Todos los imputados se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria, según registros de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, a excepción de Jorge Héctor Di Pasquale – alojado en la cárcel vip de Campo de Mayo – y de Etchecolatz, quien volvió al Hospital Penitenciario de Ezeiza después de que se le revocara el beneficio que le habían otorgado en diciembre del año pasado.
“La mayoría de los genocidas que deben ir a juicio por el Pozo de Banfield, con la excepción de Wolk y algunos otros, ya fueron condenados en el juicio del Circuito Camps”, explicó la abogada querellante Guadalupe Godoy. “Pero siguen sin tener sentencia firme porque la causa sigue frenada en Casación”, agregó.
Varios de los represores imputados murieron, como Ignacio García, Rodolfo Campos, Raúl Carlos Rodríguez, Ricardo Von Kyaw, Anselmo Palavezzati e Ibérico Saint Jean, el gobernador de facto de Buenos Aires. Otros, como Miguel Amigo, fueron apartados del juicio por razones de salud. “Necesitamos que se haga el juicio”, insiste Marta Ungaro. “No les da la vida a ellos – los represores – ni a nosotros. Son 42 años”.