Les exigían $2500 por semana, la instalación de las cámaras de vigilancia y el acalorado reclamo de los propietarios de los «carritos» en el despacho de Frank desatapó las serias irregularidades, con tintes delictivas, en que quedó envuelta la Municipalidad de Paraná

 El inicio de la instalación de las cámaras de video vigilancia en la emblemática zona del “Patito Siriri” destapó una gravísima irregularidad, con tintes delictivos, cometidas por funcionarios municipales.

En agosto de este año, el intendente anunciaba, recorriendo el novedoso Centro de Monitoreo dispuesto en el edificio municipal de las 5 esquinas, que serían alrededor de 140 cámaras de videos con las que se trabajará, las cuales estarán distribuidas en espacios estratégicos de la capital entrerriana para controles de tránsito y prevención del delito.

Detrás del Centro de Monitoreo, estaba la secretaria de servicios públicos titularizada por el funcionario Ricardo Frank.

Tal fue la gestión realizada por Frank para que la ciudad cuente con las cámaras, que, a pesar de su intención de dejar el municipio desde hace un tiempo, ha supeditado su decisión a la puesta en funcionamiento del sistema de vigilancia.

En la mañana de este viernes, fue el mismo Frank quien se dirigió hacia la zona del «Patito Siriri», munido de los técnicos que tienen a su cargo la instalación de las cámaras, para instalar las mismas en la zona estratégica elegida por el Municipio.

Sin embargo, los técnicos se sorprendieron al ver que los cables de las luminarias, donde se instalarían las cámaras, estaban todos sueltos y colgando, manifestándole aquellos a Frank que de esa manera no podrían comenzar la instalación porque afectarían los dispositivos.

Frente al inconveniente, importante para los técnicos el secretario municipal, sin dudarlo les manifestó que sacaran los mismos, arreglaran las conexiones, y comenzaran a instalar las cámaras, desatando, tal decisión, un conflicto mayúscula.

A las pocas horas, el despacho de Frank se vio colmado de los puesteros o dueños de carribares habituales en el «Patito» que suelen vender comidas y bebidas en la zona reclamándole al secretario que vuelva sobre sus pasos con la reparación de los cables de las luminarias.

Según precisaron los puesteros, muy molestos porque veían cercenada su posibilidad de trabajar, el Municipio les exigían 2.500 pesos por fin de semana para brindarle electricidad, explicándole que funcionarios habían dispuestos a propósito los cables así para de esta manera “proveerlos del servicio energético” necesario para desarrollar su actividad.

Una gravísima irregularidad que da cuenta de conexiones eléctricas clandestinas que funcionarios del municipio les vendían a los puesteros y que, teniendo en cuenta la cantidad de carritos dispuestos en la zona y en la costanera, indican una suculenta suma en beneficio de los funcionarios.

Beneficios dinerarios a costa de la seguridad de las personas ya que si bien no ha pasado nada aun, es sabido el alto riesgo o el peligro que conllevan estas conexiones clandestinas, más aun en la zona que donde que a diario es transitada por incontables personas.

Una zona que es elegida por los paranaenses para emprender actividades físicas como correr o caminar y que, en los fines de semanas, suele estar colmado de jóvenes que lo eligen para disfrutar y pasar el rato entera amigos.

Una gravísima irregularidad, con tientes delictivas, que se descubre de casualidad en virtud del reclamo de los puesteros afectados por la falta de energía eléctrica clandestina que funcionarios municipales le revendían.

Energía, las de las luminarias, que es pagada por todos los paranaenses en concepto de tasa por alumbrado público incluida en las boletas de la luz que mes a mes se van notablemente incrementando y que es revendida por funcionarios municipales que semanalmente recolectan suculentas sumas por estas las conexiones clandestinas.

Ante tamaña gravedad que involucra a funcionarios de la comuna, habría que preguntarse si, estaba al tanto el fiscal de estado, Francisco Avero, garante de los intereses y patrimonio del fisco municipal, que en menor medida que los paranaenses, los únicos que deben afrontar el pago del servicio, también se ven afectados.

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