Un informe de la gestión del Ministerio de Trabajo a cargo de Carlos Tomada destaca que en la década de los ´90, nueve de cada diez empleos estaban en negro o sin registrar, mientras que hoy esa proporción se redujo a dos de cada 10.
Un informe de la gestión del Ministerio de Trabajo a cargo de Carlos Tomada destaca que en la década de los ´90, nueve de cada diez empleos estaban en negro o sin registrar, mientras que hoy esa proporción se redujo a dos de cada 10.
Señala el informe que las políticas implementadas en los últimos diez años, con el empleo registrado como eje, gestaron un cambio en el comportamiento social que llevó a un mayor nivel de cumplimiento de parte de los empleadores.
Subraya que desde el año 2003 en la Argentina se inició un «proceso de recuperación de derechos tras la devastación generada por el neoliberalismo, donde el 50% de los trabajadores tenían cercenados sus derechos a un salario justo, a una jubilación y a una obra social».
El proyecto político puesto en marcha en 2003 con un enfoque socio productivo con eje en la promoción del trabajo registrado, instaló un círculo virtuoso que permitió la creación de empleo “con derechos”, mientras se reducía la desocupación, el trabajo no registrado y la informalidad, se indica en el texto.
Recordó también la presentación en septiembre de 2003 del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) como la primera política activa que puso el acento en la necesidad de reducir la participación del trabajo no registrado.
«Si bien los empleadores tienen la obligación de declarar y registrar a los trabajadores, es el Estado, mediante este plan, quien pone en práctica su rol de contralor de la normativa laboral y de la seguridad social, verificando su cumplimiento; logrando así la registración plena de los trabajadores en consonancia con lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente: trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana», agregó.
Estas acciones fueron acompañadas por profundas campañas de concientización y la coordinación de acciones con la AFIP y los gobiernos provinciales, que «generaron un progresivo cambio en el comportamiento social, aún insuficiente».
En materia de control del cumplimiento, el Ministerio de Trabajo lleva fiscalizadas más de 1 millón de empresas que ocupan a 3 millones de trabajadores, y señaló que «más del 30% de los trabajadores en situación de no registro en el año 2003, fueron regularizados, merced al mencionado plan».
Muestra de la decisión política del gobierno nacional de «poner al trabajo registrado en el centro de las políticas públicas», es haber pasado de 40 inspectores en el 2003 a más de 400; distribuidos en todo el país y dotados de equipamiento informático, instrumental y vehículos para poder ingresar a lugares que antes le eran inaccesibles.
El «inspector digital”, destacó el informe, reemplaza a las inspecciones que se realizaban en actas de papel.
«Hoy los inspectores cargan los datos de los trabajadores relevados en una netbook y estos quedan guardados automáticamente en el servidor central del Ministerio», indica el informe de gestión.
Esta modernización apoya los objetivos de dar «celeridad y trasparencia» a las inspecciones, que se reconvirtieron para llegar hoy a un «control en tiempo real»