El máximo tribunal analiza al caso Ingegnieros, en un contexto de paridad interna y podría complicar al gigante de la industria argentina.
Los problemas de Paolo Rocca no terminaron esta semana después de que la Cámara Federalrevocara su procesamiento en la causa cuadernos. La Corte Suprema prepara un fallo que puede condenar a Techint a pagar una indemnización por la desaparición de un trabajador en plena dictadura.
Según la agenda que decidieron los jueces de la Corte Suprema en febrero de este año, el fallo sobre la posible responsabilidad de Techint en crímenes de lesa humanidadsaldrá el 7 de mayo, dos días después de que se cumplan los 42 años del secuestro de Enrique Roberto Ingegnieros y de su compañera, Irma María Pompa, que estaba embarazada de tres meses. El hijo o hija de Irma y Enrique es uno de los cientos de bebés que busca hace décadas Abuelas de Plaza de Mayo.
La pareja tenía una hija de menos de un año, María Gimena, que en 2008 presentó una demanda contra Techint. En 2012, la Cámara Nacional del Trabajo le dio la razón en su reclamo, pero la empresa apeló y el caso espera desde 2015 resolución de la Corte Suprema. En 2017, el procurador fiscal ante la Corte Víctor Abramovich dictaminó en consonancia con la Cámara del Trabajo y dijo que la acción no estaba prescripta, pese a los años que habían pasado desde el secuestro de Ingegnieros – como había sostenido Techint – y que la empresa debe pagar el resarcimiento económico a la joven.
El caso
El 5 de mayo de 1977 Irma estaba en su casa de Campana, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Le faltaban tres días para cumplir los 24 años. Su pareja, Enrique, estaba trabajando en la ampliación de obra Dálmine de Techint. En su casa estaban su hija de seis meses, su cuñado Julio y había ido de visita su suegra, Casilda Magallanes.
Enrique era técnico dibujante en Techint desde mayo de 1976. Antes, entre agosto de 1974 y 1976, había trabajado para Montisol, una contratista de la empresa que funcionaba en el mismo predio. En 1971 había entrado a trabajar en la metalúrgica Dálmine-Siderca, también propiedad del grupo económico de los Rocca. Mientras tanto estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Irma era empleada de la fábrica de cuero Erbo, según consta en la base de datos del Parque de la Memoria. Los dos integraban la organización Montoneros.
Según contó un compañero de trabajo, a Ingegnieros se lo llevó una patota de civil, ayudada por el área de RR.HH. de Techint
Casilda se cruzó con un grupo de cinco hombres jóvenes armados – de civil y con los rostros descubiertos — cuando emprendía la vuelta para su casa en la tarde de ese 5 de mayo de 1977. Su hijo Julio la persiguió a los gritos para avisarle que se estaban llevando a Irma. Ella corrió como pudo y trató de impedir que se llevaran a su nuera.
— A tu hijo esta tarde lo sacamos de la fábrica – le dijo uno de ellos.
El grupo de represores dejó a María Gimena en la casa de un vecino médico, el mismo que una semana antes había acompañado a Enrique a presentarse ante las autoridades militares para ver si lo estaban buscando. ¿Por qué? Porque lo habían secuestrado a la salida de la empresa, lo habían golpeado y amenazado de muerte.
Al día siguiente, Casilda se presentó en la fábrica para ver si podía averiguar algo de su hijo. Habló con el jefe de personal, Osvaldo Real, pero no la dejó ver en los casilleros para chequear si Enrique se había cambiado y había dejado la empresa por sus propios medios, como sostenía la patronal. Dos años después, una persona que se identificó como compañero de trabajo se puso en contacto con la madre de Ingegnieros y le contó qué habría pasado con él: Lo habían convocado a la oficina de personal con el pretexto de que lo buscaban por un tema personal. Lo detuvieron los militares y lo entregaron a una patota de civil – como la que secuestró a su compañera.
Según el CELS, «la empresa proveyó financiamiento para comisarías donde funcionaron centros clandestinos»
Según un informe publicado en 2015 por FLACSO, el CELS y el propio Ministerio de Justicia, “la participación empresarial en la represión se puso de manifiesto a partir de secuestros en la planta,de una omnipresencia del Ejército y de una policía interna con estrecha vinculación al terrorismo de Estado, así como mediante la participación en una comunidad de inteligencia que hizo seguimiento de quienes resultaron víctimas. Al mismo tiempo, la empresa proveyó financiamiento para comisarías donde funcionaron centros clandestinos, se registró la actuación de directivos instigando o presenciando secuestros de trabajadores y también se denunció un aprovechamiento de la trama represiva para erradicar la indisciplina y el desorden en la fábrica”.
El de Enrique no fue un caso aislado, según esa investigación. Casilda se presentó ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para denunciar la desaparición de su hijo y de su nuera embarazada. Falleció en 2008 sin saber qué pasó con ellos.
En la Corte
El caso de Irma y de Enrique será tratado en el juicio por crímenes en el área de Campo de Mayo que se inicia el próximo 29 de abril, después de varias postergaciones — incluso de acusaciones del tribunal a la Corte por no proveer los recursos necesarios para la celebración del proceso.
Techint llevó en queja el caso a la Corte bajo dos argumentos centrales. Por un lado, dice que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad alcanza a las acciones penales contra los responsables y cómplices de estos delitos, pero no a las acciones por accidentes de trabajo – como invoca María Gimena en la demanda. Además, la empresa de Rocca sostiene que no está probado que Ingegnieros haya sido secuestrado dentro del establecimiento y que la Cámara valoró mal las pruebas porque no hay un testigo ocular del momento de la desaparición.
Desde que llegó el dictamen de Abramovich reclamando que se deseche el reclamo de Techint y se confirme el fallo de la Cámara en favor de María Gimena, la causa recorrió todas las vocalías de la Corte. Todos ya conocen el caso y están decidiendo qué postura tomar. “Estamos dialogando”,contaron, aunque dicen que ya hay dos votos a favor de Techint y dos a favor de la hija de Ingegnieros.
Con esta misma composición, el máximo tribunal había rechazado una demanda similar en 2017, aduciendo que las acciones civiles por delitos de lesa humanidad prescriben. En esa oportunidad, se habían opuesto Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Del lado de la mayoría, habían quedado Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.
Ese fallo había salido unas semanas antes del fatídico 2×1 a favor de los genocidas, motorizado por Rosenkrantz. Pero, desde 2017 a esta fecha, pasaron cosas – también en el cuarto piso del Palacio de Talcahuano.
Un golpe palaciego sacó de la presidencia de la Corte a Lorenzetti y entronó a Rosenkrantz. La modalidad de liderazgo y la cercanía con el Ejecutivo del supremo hizo que se consolidara una asociación entre Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, a la que el gobierno bautizó “la mayoría peronista”. Rosenkrantz perdió progresivamente las facultades para decidir contratos y otorgar licencias, y el mes pasado le sacaron el Centro de Informaciones Judiciales (CIJ).
En el CIJ, la web del Poder Judicial, sus colegas se preocupan cada semana por subir algún fallo de lesa que nunca cuenta con la firma de Rosenkrantz. Desde el año pasado, para estos temas, se ve que la mayoría suele estar conformada por Rosatti, Lorenzetti, Maqueda y Highton de Nolasco.