El martes 2 de octubre de 2018 la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio que dirige el diputado provincial peronista José Ángel Allende, instaló una carpa frente a Casa de Gobierno para pedir la renuncia de la ministra de Salud, Sonia Velázquez y denunciar “despidos encubiertos” en la cartera sanitaria. La protesta se mantuvo un puñado de días: se levantó el día 5.

La ministra salió al cruce de las aseveraciones del gremio de Allende, y aseguró: “Verdaderamente, puedo decir que no hay despidos encubiertos en Salud, como denuncia. Eso es una falacia. Las únicas dos desvinculaciones que se dieron fue por dos suplencias extraordinarias de personas que no estaban cumpliendo funciones en el Ministerio de salud, ni en algún ámbito, ya hospitales o centros de salud”, dijo entonces Velázquez.

Esas dos suplencias habían sido gestionadas en 2016 para cubrir sendos lugares en el Hospital Escuela de Salud Mental y en la secretaría privada del Ministerio de Salud. Pero en ninguna de esas dos áreas pudieron dar con esos contratos. Las averiguaciones derivaron en la constatación de que los dos trabajadores se desempeñaban en UPCN, y sus salarios se los pagaba el Estado.

Una de las empleadas cuya suplencia extraordinaria fue dada de baja por cuanto no cumplía funciones en el Estado sino en el sindicato que lidera Allende deberá ahora devolver al Estado casi medio millón de pesos. La medida está contenida en la resolución N° 4369/18 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial, que dice: “Reconocer el procedimiento realizado en el mes de agosto del corriente año por los Departamentos Personal y Liquidaciones de este Ministerio y dar de baja la Suplencia Extraordinaria a favor de la Sra. Noelia Evangelina Bertín”.

Y agrega: “Disponer a través de este Ministerio, se intime a la ex agente Noelia Evangelina Bertín (…) a la devolución de la suma de pesos cuatrocientos setenta y siete mil trescientos noventa y cuatro con once centavos ($ 477.394,11), percibido indebidamente por haber revistado como suplente extraordinario, sin haberse registrado prestación de servicios, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales pertinentes, conforme lo manifestado en los considerandos precedentes”.

El reclamo de Salud ya tuvo una primera respuesta: la empleada que nunca cumplió funciones en Salud hizo una presentación a través de la cual pretende que esa disposición quede sin efecto, con lo cual lo que derivará ahora será un pleito legal.

El entredicho derivó, después, en una situación enojosa que recaló en la Justicia: Allende increpó a la ministra -así denunció Velázquez- y el caso derivó en una causa penal que ahora tramita el fiscal Leandro Dato, de la Fiscalía de Violencia de Género y Abuso Sexual del Poder Judicial. FUENTE: ENTRERIOSAHORA

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