El jefe de las Fuerzas Armadas, jaleado por tres generales, lanza mensajes «contra la impunidad» mientras la derecha exige en la calle que el expresidente sea encarcelado

El ruido de sables ha aparecido en Brasil, vía redes sociales, en medio de un país que espera ansioso conocer si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva acabará en la cárcel. La cúpula del Ejército ha entrado de lleno en la campaña de presiones al Supremo Tribunal Federal (STF), que este miércoles debe decidir sobre el recurso de Lula contra la orden de prisión dictada por los jueces que el pasado enero lo condenaron a 12 años por corrupción. Mientras miles de personas, convocadas por movimientos de derecha, se manifestaban en la noche de este martes en 50 ciudades del país para exigir el encarcelamiento del expresidente, el comandante en jefe del Ejército lanzaba un mensaje en Twitter: «Aseguro que el Ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, del mismo modo que se mantiene atento a sus misiones institucionales».

Poco después, al menos tres generales se sumaban en tono exaltado a la declaración de su jefe. «Tengo la espada al lado, la silla equipada, el caballo listo y aguardo sus órdenes!!», respondió, también por Twitter, el general Paulo Chagas. Por la misma vía, surgieron las voces marciales de otros dos miembros de la cúpula militar. «COMANDANTE!!!. Estamos juntos en la misma trinchera», escribió el general Miotto. «Estamos juntos, comandante», terció el general Freitas. Horas antes, otro general, este en la reserva, Luís Gonzaga Schroeder, había declarado al periódico O Estado de S. Paulo que si Lula no es enviado a la cárcel, «el deber de las Fuerzas Armadas es restaurar el orden».

El Ejército brasileño ya había venido en los últimos meses dando muestras de su interés por entrar de lleno en el debate político, cada vez más caldeado en el país, ante la pasividad del Gobierno de centro derecha del presidente Michel Temer. Semanas atrás, un general aún en activo, Antonio Mourão, habló públicamente de la posibilidad de una intervención militar, sin que mereciese ninguna sanción. Poco después, Mourão pasó a la reserva y en su discurso de despedida hizo un encendido homenaje al general Brilhante Ustra, uno de los mayores torturadores durante la dictadura militar que comandó el país entre 1964 y 1984. Lejos de reprocharle su actitud, la máxima autoridad del Ejército, el general Villas-Boas, transmitió mensajes ensalzando la figura de su compañero retirado. Mourão ya había expresado su deseo de apoyar en las elecciones presidenciales del próximo octubre al candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, el segundo mejor colocado en las encuestas tras Lula, también exmilitar y orgulloso apologista de la dictadura.

Los mensajes de los militares este martes provocaron una ola de reacciones, a favor y en contra, en las redes sociales. El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, intervino para minimizar las palabras de los generales. Pero incluso el anterior fiscal general de la República, Rodrigo Janot, autor él mismo de una denuncia contra Lula, expresó su preocupación respondiendo al tuit del general Villas-Boas: «Eso definitivamente no es bueno. Si fuese lo que parece, otro 1964 [fecha del último golpe militar] será inaceptable. Pero no creo en eso realmente».

La entrada en escena del Ejército ha sido la coronación a una campaña de presiones dirigida en los últimos días contra el STF, por detractores y partidarios de Lula, para intentar condicionar su decisión sobre el posible encarcelamiento del expresidente. Tanto ha ido subiendo la temperatura que, en un gesto insólito, la presidenta del Supremo, Carmen Lúcia, grabó un mensaje de televisión para pedir «serenidad» en medio de «estos tiempos de intolerancia e intransigencia contra personas e instituciones».

Todo eso ocurrió el pasado lunes, después de que más de 5.000 jueces y fiscales presentasen un manifiesto para pedir que se mantenga el criterio judicial de que un condenado en segunda instancia, como es el caso de Lula, debe ingresar en prisión. Al tiempo, 3.200 abogados replicaron con otro escrito en defensa de lo contrario. Los grupos de derecha sacaron en la noche de este martes miles de personas a la calle, convocadas con un lema: “Si tú no vas, él va a volver”. La izquierda ve en esos movimientos la prueba de que el único objetivo del proceso judicial es impedir un nuevo triunfo de Lula en las elecciones de octubre y también ha multiplicado los mensajes al STF.

De la campaña de presión han participado hasta miembros del poder judicial directamente implicados en el caso de Lula,  como el fiscal Deltan Dallagnol, que ha llevado varias investigaciones contra el expresidente. Conocido por sus convicciones evangélicas, Dallagnol, anunció -también en las redes sociales, un auténtico fervor nacional, del que nadie se resiste a permanecer al margen- que se dedicará al “ayuno y la oración ” para “torcer [animar, en el sentido futbolístico] por el país” mientras el Supremo debate sobre el recurso del expresidente.

Tras su condena en segunda instancia a 12 años de prisión, acusado de ser sobornado por una constructora con un apartamento en la playa, la solicitud de habeas corpus de Lula que este miércoles examinará el Supremo es el último cartucho del expresidente para esquivar su ingreso en la cárcel. Lula, que viene de un accidentado recorrido por el sur del país, donde autobuses de su caravana llegaron a ser tiroteados, ha persistido en su presencia pública en los últimos días. Su discurso y su estrategia es erigirse, una vez más, en la voz de las clases populares y presentar el proceso judicial como un simple intento de acallarlo por parte de la elite del país. “No van encerrar mis pensamientos, no van a encerrar mis sueños”, proclamó el lunes en un acto ante 5.000 seguidores en Río de Janeiro. “Si no me dejan andar, andaré por vuestras piernas. Si no me dejan hablar, hablaré por vuestras bocas. Si mi corazón deja de latir, latirá en vuestros corazones”. El Partido de los Trabajadores ha llegado a equiparar el eventual encarcelamiento de Lula con el reciente asesinato, aún sin esclarecer, de la concejal izquierdista de Rio de Janeiro Marielle Franco.

Mauro Paulino, director de Datafolha, uno de los institutos de opinión más prestigiosos del país, suele explicar que la figura de Lula divide a Brasil en tres bloques casi idénticos: los que le aman incondicionalmente, los que le odian incondicionalmente y los que se mueven en el gris. Pero el ruido del combate entre los dos primeros es lo que acapara todo el escenario. Y todos parecen obsesionados con la imagen de Lula entrando en la cárcel. Para sus partidarios eso equivaldría a algo así como a encarcelar la esencia del pueblo brasileño. Para sus detractores, que desde hace tres años pasean por todas las manifestaciones la imagen del expresidente vestido de presidiario, dejar a Lula libre sería como acabar con la democracia. La decisión final queda este miércoles en manos de 11 magistrados del Supremo, muy divididos en sus opiniones y que resolverán el enredo en una votación que se prevé tan disputada como lo está el país.