Naciones Unidas investigará el fallecimiento de Fernando Albán tras ser detenido por el Servicio de Inteligencia Bolivariano
La comunidad internacional ha expresado su indignación tras la muerte del concejal Fernando Albán mientras estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El opositor había sido detenido el viernes pasado por su presunta vinculación con atentado frustrado contra Nicolás Maduro en agosto. La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidos ha señalado que este caso será investigado y formará parte de un nuevo informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
«Fernando Albán se encontraba detenido por el Estado. El Estado tenía la obligación de garantizar su seguridad, su integridad personal. Nosotros pedimos una investigación transparente para clarificar las circunstancias de su muerte, ya que existen informes contradictorios sobre lo ocurrido», ha dicho Ravina Sahmadasani, portavoz de la oficina de la ONU en una rueda de prensa en Ginebra. Sahmadasani ha añadido que han vuelto a pedirle al Gobierno que permita el ingreso de una comisión pero aún no han recibido respuesta.
En la misma línea se ha expresado la Unión Europea sobre este caso. Federica Mogherini, vicepresidenta y alta representante de Política Exterior de la UE, ha exigido en un comunicado la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, que superan los 200, y que se respeten los derechos humanos. Los Gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú también han exigido una investigación independiente sobre lo ocurrido.
Albán fue detenido sin orden judicial el viernes cuando llegaba al aeropuerto de Maiquetía, procedente de Nueva York y hasta el lunes al mediodía no había sido presentado ante un tribunal. Fue entonces cuando el ministro de Interior, Néstor Reverol, informó que estando en la sala espera de la sede del Sebin “se lanzó por una de las ventanas de las instalaciones y la caída le ocasionó la muerte”. En otra versión del suicidio, el fiscal designado por el parlamento chavista paralelo, Tarek Wililam Saab, dijo que el detenido pidió ir al baño y se lanzó del décimo piso del edificio.
Los líderes opositores también ha exigido investigaciones imparciales sobre la muerte de Albán y han insistido en la tesis del homicidio. Algunos ex presos políticos han señalado que en ningún caso les permiten ir al baño solos. “Tenemos fuentes dentro del Sebin que nos revelaron que Fernando Albán llegó con vida y después de que se les fue la mano con las torturas lo lanzaron por las ventanas del edificio”, dijo el concejal Jesús Armas, compañero de Albán en la Cámara Municipal de Caracas, durante una sesión una sesión especial en la Asamblea Nacional en la que se hizo un homenaje al dirigente del partido Primero Justicia antes de ser velado en la Parroquia de la Universidad Central de Venezuela.
El cuerpo de Albán fue entregado a sus familiares la noche del lunes, pero hasta el mediodía de este martes se desconocían los resultados de la autopsia y los detalles del acta de defunción. El abogado Joel García, que también defiende al diputado Juan Requesens, supuestamente implicado en el mismo caso del atentado, dijo que pudo ver a Albán el domingo, dos días después de su detención. “No estaba golpeado, estaba bien, pero sí había sido sometido a fuertes interrogatorios y presiones”. En el expediente sobre el ataque contra Maduro, añadió García, no había aparecido el nombre de Albán antes y señaló que la orden de captura del concejal fue emitida apenas un día antes de su detención.
El concejal formaba parte de la comisión que denunció la crisis venezolana en la reciente Asamblea de la ONU. Fue detenido cuando regresaba de ese viaje, en el que aprovechó para ver a su esposa y sus hijos que viven en Estados Unidos. En el último año había formado parte del lobby que trata de que se impongan sanciones internacionales contra el régimen de Maduro y que ha impulsado el opositor exiliado Julio Borges, al que el Gobierno señala como el principal responsable del atentado con drones contra el presidente.
En un comunicado, la Iglesia venezolana exigió justicia sobre el caso que ha consternado a gran parte del país y ha unido nuevamente a una fragmentada oposición. “Para nadie es un secreto las opciones de vida del señor concejal Albán, sus profundas convicciones religiosas, su coherencia con los valores de la fe que ratifican la opción por la vida y no por la muerte, su compromiso con los más pobres en las parroquias a las que servía. Como venezolanos, estamos en el derecho de reclamar justicia y de que se aclaren los hechos de esta muerte que enluta a una noble familia y a Venezuela entera. Hechos tan lamentables como este y como otros tantos donde se derrama la sangre de venezolanos terminan por minar la confianza del pueblo en su anhelo de esperanza, ya que es una nueva expresión de indefensión ante un régimen excluyente», ha señalado la conferencia episcopal venezolana en un comunicado.