Traslado. En el juicio se confirmó que la víctima vivía en situación de vulnerabilidad económica, social y familiar
Quienes trabajan en la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual, han coincidido en que la provincia de Entre Ríos es un territorio de captación, ablandamiento y traslado de mujeres. Una reciente sentencia del Tribunal Oral Federal de Corrientes, esto fue confirmado en el caso de una menor de Entre Ríos que fue prostituida en la localidad de Mercedes, al igual que otras 20 víctimas provenientes de distintos lugares de Argentina, e incluso de otros países. Cuatro personas fueron condenadas a duras penas de prisión efectiva, y quedó claro, entre otras cosas, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad económica, social y familiar en la que se encontraba la adolescente entrerriana. Con el fin de proteger su identidad no se reveló de qué localidad de esta provincia es oriunda la víctima menor de edad. Cuando la Gendarmería allanó los tres prostíbulos que funcionaban en la ciudad correntina rescataron a la chica que estaba residiendo allí.
«Estaba trabajando desde hacía aproximadamente dos semanas, residía y trabajaba en el prostíbulo Capricho. Llegó por intermedio de una tía (hermana del padrastro de la menor) que le habría dicho que Juan Carlos Ojeda necesitaba ‘chicas para el prostíbulo’; hasta pocos días antes del allanamiento su tía se encontraba en su misma situación pero había retornado a la ciudad donde vivía para encontrarse con su hijo.
La menor se habría criado junto a su tía, con su madre, hermanos y hermanastros. Un año antes del allanamiento la menor había trabajado en Entre Ríos como niñera de sus hijos alrededor de dos semanas. Viajó al lugar por sus propios medios y con dinero de su familia para encontrarse con su tía y arribar al local Capricho», se indicó en el fallo. Asimismo, en la causa se constató que otra de las víctimas había transitado por prostíbulos que funcionaban en Entre Ríos.
La mujer manifestó que residía en Mercedes hacía un año y que se inició en situación de prostitución hacía más de tres años, y que desde aquel momento había circulado por diferentes prostíbulos de las provincias de Entre Ríos (como El Desafío, en Federal, y El Paraíso, en la localidad de Chajarí) y Corrientes. Al momento de evaluar la situación de las víctimas en base a los informes de los profesionales de la Oficina de Rescate de Víctimas de Trata de la Nación, el Tribunal sostuvo que «frente a situaciones sumamente desfavorables y de reiteradas vulneraciones de sus derechos, es que las mujeres suelen visualizar la situación de prostitución como ‘la única alternativa’ para garantizar su subsistencia y la de sus familias.
En casi todos los casos, estas condiciones persisten o se empeoran, favoreciendo entonces su permanencia dentro del circuito prostituyente, el cual está sostenido por procesos que erosionan la identidad de las mujeres. A partir de este contexto debe analizarse el ofrecimiento de trabajar en el prostíbulo en el que posteriormente se halló, es decir, mientras se encontraba atravesando importantes dificultades económicas y conflictos familiares». En este sentido, los jueces recordaron la declaración de la adolescente entrerriana: «Dejé la escuela porque mis papás vivían peleando y no podíamos ir a la escuela porque mi padrastro no quería que entre a la casa a sacar las cosas; a veces se empeda y le saca en cara a mi mamá y a todos y yo defiendo a mi mamá. El doctor dice que lo pierde la bebida». Religión y prostitución En la investigación se pudo revelar el mecanismo de funcionamiento de los prostíbulos y la explotación de las víctimas.
«Todas las mujeres manifestaron que se realizaban pases y copas con los clientes/ prostituyentes. La mayoría mencionó que los 20 minutos de pase costaban 250 pesos, la hora entre 400 y 500 pesos, dependiendo del poder adquisitivo que presumían de cada uno», se sostiene en el fallo. «Al finalizar el funcionamiento del prostíbulo, cada mujer entregaba las pulseras correspondientes al número de copas y a cambio recibía el 50% del dinero producido», agregaron. Y se remarcó la época de mayor actividad de los locales: «Varias de las entrevistadas refirieron que en el mes de enero habían realizado un promedio de 30 copas y seis o siete pases por noche.
Explicaron que habitualmente, y vinculado a las festividades del Gauchito Gil durante el mes de enero, era frecuente que concurriese al lugar una gran cantidad de clientes/prostituyentes, y que por tal motivo las mujeres concurrían de lunes a lunes sin tener días de descanso», explicaron en un informe las profesionales. En esta causa, una de las que tuvo mayor cantidad de víctimas de trata sexual tuvo cuatro personas condenadas, tres mujeres y un hombre: Sandra Beatriz Cerri, su pareja Ismael Piñeiro y María Yolanda Casco recibieron penas de ocho años de prisión, mientras que Claudette Krewer Ramos fue condenada a 10 años. En el juicio, desarrollado por los jueces Fermín Ceroleni, Lucrecia Rojas y Víctor Antonio Alonso, intervinieron el fiscal general Carlos Schaefer y la fiscal auxiliar Gabriel López Breard, con la colaboración de la Procuraduría especializada en trata, Protex.
145. Es la línea para denunciar el delito de trata en todo el país. El mismo trabaja los 365 días del año 163. Es la cantidad de sentencias por trata que hubo en todo el país desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.364
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