El fiscal general reivindica su trabajo en la investigación de Odebrecht, niega seguimientos y asegura tener el apoyo de la sociedad
Néstor Humberto Martínez (Bogotá, 1954), fiscal general de Colombia desde agosto de 2016, se ha convertido en las últimas tres semanas en blanco de duras críticas por la investigación del caso Odebrecht. Las grabaciones del testigo principal de la red de sobornos millonarios tejida en América Latina por la constructora brasileña, conocidas tras su fallecimiento por infarto, han desatado un huracán político en el que a los simples cuestionamientos se han sumado las peticiones de renuncia, inducida la de este periódico. En esos audios, que se remontan a 2015, el auditor de uno de los proyectos de la compañía, Jorge Enrique Pizano, le transmitió sus sospechas sobre posibles irregularidades.
En ese momento Martínez era abogado del Grupo Aval, que intervino en la obra. Hoy mantiene que se limitó a cumplir una labor de «mensajería», trasladando esa información al conglomerado bancario. El fiscal, que se inhibió de la investigación del escándalo, reivindica en esta entrevista con EL PAÍS su trabajo al frente de la institución, afirma que percibe el apoyo y la solidaridad de la sociedad para seguir, atribuye los ataques a «intereses oscuros», niega seguimientos a opositores y considera que solo una persona con un recorrido como el suyo pudo asumir la lucha contra la corrupción en Colombia.
Pregunta. ¿Cuál es su interpretación de lo sucedido?
Respuesta. Sectores desafectos a la Fiscalía y con claro contenido político, sectores alternativos a la política en Colombia han aprovechado para hacer un gran debate sobre esos audios.
P. ¿Y cómo los explica?
R. Esos audios lo único que muestran es que un amigo mío, Jorge Enrique Pizano, me lleva una documentación con el fin de que le llegue al Grupo Aval, porque él dice que ha encontrado unas irregularidades. Se ha querido decir, con base en esos audios, que yo sabía, cuando era abogado en ejercicio, que allí había unas coimas. Yo le pregunto al controller [auditor] si son o no son sobornos. Y él me dice: «Hombre, yo no tengo certeza». Yo no soy el investigador, no me la llevó a mí para que yo investigara. Él me llevo esa información, yo le hice unas preguntas sobre eso con la finalidad de entregársela a su destinatario. No tengo intervención en eso. Se ha dicho que yo sabía que eran sobornos desde entonces. Tan es falso que hasta el año 2018 Jorge Enrique Pizano sostuvo ante la justicia que lo que él había encontrado en el año 2015 no eran delitos. Esa es una prueba que yo he mostrado en el Congreso de la República, que me exonera de todas las indicaciones que los sectores de oposición hicieron antes del debate. Y de ahí la solidaridad que las mayorías tuvieron en relación con la acción está haciendo la Fiscalía.
P. En el Senado se vio también un clima de tensión política importante.
R. Ahí viene lo más lindo y lo más perverso de este debate, porque están atacando la integridad del ente acusador del Estado colombiano. Fue la Fiscalía la que descubrió que todos esos contratos eran falsos y por eso se dio a conocer esa información. Eso no deja de tener un lado perverso. Al Congreso le demostré que yo había cumplido con una función de mensajería, el favor que me había pedido mi amigo, que en ese momento no sabía si eran delitos. Yo soy un ciudadano, soy un abogado en ejercicio, hago ese favor a Jorge Enrique. Posteriormente, en 2018, él ratifica que sabía que no eran delitos y la oposición quiere decir que el que hace la investigación no sabe que eran delitos pero que yo, el abogado, el ciudadano Martínez, sí sabía que eran delitos. Yo estaba cumpliendo una labor de mensajería. El único reparo o reproche que pudieran hacerme, ahora sí como servidor público, es que esos contratos que yo llevé en su momento no su hubieran investigado aquí en la Fiscalía. Ese sería un reparo muy grave que podrían hacerle a la institución. Pero sí se investigaron. Están en la cárcel personas, condenadas ya. La propia Corte Suprema en sus fallos condenatorios dice que gracias a la información de la Fiscalía. Ya todo el país sabe el volumen de contratos que encontramos.
P. Sus críticos le responsabilizan de haber generado esa tensión, esa tormenta.
R. En modo alguno. El fiscal no puede estar en las tensiones políticas, nosotros somos servidores judiciales. Lo que pasa es que aquí hay sectores de la política minoritarios que están tratando de crear un clima de crisis institucional. Y los sectores institucionales de la política lo advirtieron y eso fue lo que dio lugar, en mi lectura, a esa confrontación que no está, por supuesto, promovida por el fiscal.
P. En ese debate usted dijo que todo el barrio de Rosales [en el norte de Bogotá] sabe que el senador Gustavo Petro se reunió Luis Fernando Andrade [exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, en arresto domiciliario desde hace un año por cargos relacionados con el caso Odebrech].
R. Ya se sabía para ese momento que en los medios de comunicación eso era público. No es que yo me haya inventado ni que aquí haya alguien que haya estado haciendo seguimientos. Ni más faltaba, eso no se da en el caso de la Fiscalía colombiana. El 21 de noviembre de noviembre, en Caracol Radio, se dice, se afirma que el señor Petro se ha reunido con el señor Andrade en su casa con ocasión del debate. Dos veces en radio. Entonces utilicé esa expresión, si es que en Rosales se sabe. ¿Por qué se sabe? Porque lo habían dicho. Era ya un hecho público.
P. Andrade afirma que es víctima de una persecución de la Fiscalía. ¿Qué puede decir de ese caso?
R. Yo no soy el fiscal, me declaré impedido hace ocho meses. Debe esperarse que prime la justicia. La persecución no es tal, porque la Fiscalía construye su caso, la Fiscalía es un litigante en el proceso penal y la garantía de que va a haber absoluta imparcialidad y transparencia es que será un juez de la República el que valore las pruebas y pueda tomar las decisiones finales.
P. ¿Cree que se tardó demasiado en abordar el nombramiento de un fiscal ad hoc?
R. Para nada. El primero en plantear que en los casos de impedimento debería existir un fiscal ad hoc, el primero en plantearlo fui yo y lo hice al día siguiente de empezar a ejercer funciones en Colombia, el día 2 de agosto de 2016. Radiqué un proyecto para que en los casos en que el fiscal se declarase impedido no fuera el vicefiscal, que es designado por el fiscal, quien llevara esos casos. Yo creo que es un elemento de transparencia que debe incluirse en la legislación colombiana. Si fue tardía o no le explico porque no fue tardía. Las investigaciones no las lleva el fiscal general. En mayo de este año me declaré impedido y por eso la corte nombró un fiscal ad hoc, con la ley existente, que dice que cuando el fiscal se declare impedido y la corte lo acepte, asume el conocimiento el vicefiscal. Ahora bien, con esa tensión que se ha generado a raíz de las grabaciones, la vicefiscal se declaró impedida.
P. ¿Existe una batalla política alrededor de la Fiscalía?
R. Lamentablemente ha ocurrido esa circunstancia y por eso los sectores de oposición se afrontan a los sectores institucionalistas del país.
P. ¿Y usted tiene aspiraciones políticas?
R. Yo ya tengo un recorrido en la vida pública muy grande y decidí prestar este servicio porque yo creo que solo una persona con ese recorrido público, con ese potaje de la madurez en la vida pública, podía prestarle un gran servicio al país, luchar contra la corrupción. Porque tengo la suficiente independencia y el suficiente posicionamiento público y privado para liderar una empresa de esas. Una persona que no tenga ese recorrido no se va a enfrentar severamente al statu quo de la corrupción. Por eso decidí prestar ese servicio al país. Y lo que se ha hecho en Colombia en materia anticorrupción es épico, lo reconoce el mundo entero. Nunca en Colombia se había llegado a la cúpula de justicia, nunca se habían desmontado los carteles del robo de la seguridad social y de la salud pública, lo que hemos hecho es una cosa impresionante, de los dineros de la educación, de los dineros de la alimentación escolar, de lo que hemos hecho en defensa de las pensiones de los trabajadores. Y eso ha sido por igual para todos los sectores políticos, ningún beneficio para ningún sector político. Eso sí ya quedó descartado. Llevamos en dos años 2.505 funcionarios judicializados y el valor de las coimas vale 4,4 billones de pesos, es decir, el 70% de la reforma tributaria que se acaba de radicar en el Congreso y he confiscado bienes con fines de extinción de dominio por 12 billones. Usted se va por toda la geografía nacional y ve el poder político regional en contubernio con el sector privado robándose el sector público. Aquí mismo, en mi casa, en la Fiscalía, llevamos 112 funcionarios capturados. Eso lo podía hacer justamente una persona que tuviera la fuerza para poder emprender esto contra todos los sectores de la vida pública y de la vida privada.
P. ¿Quiere decir que tiene enemigos?
R. No. He dicho una frase que es cierta, los fiscales en el mundo perdemos un amigo por semana y ganamos 12 enemigos al día de media. Pero esa es la razón de ser de este oficio, de lo contrario los ministerios públicos se convierten en oficinas de relaciones públicas y eso es lo que no es esta fiscalía. Eso es justamente lo que quiero reivindicar frente a intereses oscuros que quieren mancillar el honor de la Fiscalía General de la Nación.
P. Usted reivindica eso. ¿Siente que tiene el apoyo de la sociedad colombiana?
R. Claro. Estoy muy agradecido, antes del debate y ahora después del debate, por los miles de mensajes que estamos recibiendo en la Fiscalía de solidaridad y apoyo. ¿Qué piensan los colombianos del fiscal? Una encuesta de la revista Semana refleja el apoyo popular en una encuesta que pregunta quién está más comprometido en la lucha contra la corrupción. De los funcionarios, el primero es Néstor Humberto Martínez, con el 43%, y luego sigue el procurador general con el 38%. Por eso al fiscal no lo pueden involucrar en mezquindades de esta naturaleza, con criterio de cáclulo político. Yo no estoy en actividades de proselitismo político, yo soy funcionario judicial.
P. Volvamos a las grabaciones de Pizano. Usted dijo que no había nada claro y que esas sospechas había que investigarlas…
R. Y ese no era mi oficio.
P. ¿Pero esa información no le generó inquietud?
R. Déjeme decirle, primero yo no he sido penalista, mi oficio era hacer preguntas para llevárselas a Luis Carlos Sarmiento. Atendiendo a lo que él me pedía. Otra cosa que dicen es que en esa época se sabía de los sobornos… ¿En agosto del 2015? Solo en diciembre de 2016 supo el mundo que había sobornos en las contrataciones de los países. Entonces hay dos escenarios. Uno es Néstor Humberto Martínez como ciudadano y como abogado que recibe una información, hace una pregunta obvia, estos son delitos y le dicen que no hay certeza. Va y lleva y cumple con su función. Y otra es la actividad de señor Martínez como servidor público en donde se puede demostrar que esta Fiscalía ha ido hasta el último de los detalles, buscando los casos de corrupción.
P. Entonces, ¿por qué Jorge Enrique Pizano grabó esa conversaciones?
R. Jorge Enrique, y esto lo he venido a confirmar recientemente con su entorno, grababa todo. Era un ejercicio que él hacía porque tenía una mente de auditor. Grababa y llegaba a su casa a hacer resúmenes de las reuniones. Y me dicen que tiene horas y horas no de grabaciones de Odebrecht sino de muchas otras cosas, porque era una actitud que él tenía, no inspirada en un propósito perverso, porque eso no era así. Que a mis años haya llegado aquí a prestarle este servicio al país y que traten de involucrarlo a uno con unos audios que no dicen lo que dicen, donde el señor no dijo lo que dijo, es una cosa turbia con cálculo político.