La familia de Facundo Ferreira develó que el cuerpo tenía heridas de balas de goma y un golpe en el rostro. La querella cuestiona un estudio que señala que había pólvora en la mano derecha del chico.
El rostro de Facundo Ferreira, el niño de 12 años asesinado el jueves por la policía de un disparo en la nuca, desfiló por el centro de Tucumán multiplicado en fotografías que sus vecinos de La Bombilla levantaron durante una marcha que hicieron ayer desde ese barrio de emergencia hasta los tribunales penales de la provincia. Allí, la familia se reunió por primera vez con la fiscal del caso, Adriana Giannoni, a quien le presentaron otras muestras de la brutalidad policial: el cuerpo del chico tenía múltiples heridas de disparos de posta de goma en la espalda y un golpe en el rostro que, según les dijo un testigo, fue producto de una patada que le dio un agente. Por estas marcas, adelantaron, pedirán la exhumación del cuerpo.
La fiscal confirmó a la familia y los abogados que la carátula de la causa es “homicidio” y además les confirmó lo que hasta ahora se escribía en potencial: el estudio “dermotest parcial dio positivo en la mano derecha” del niño. Es decir, que se le hallaron rastros de pólvora, según el informe policial. Inicialmente, Mercedes Ferreira, la abuela del niño, aseguró que la fiscal le había dicho lo contrario. De todos modos, “este resultado que nos dieron no es concluyente porque hay que analizar la ropa y, además, fue tomada tres horas después de que le dispararon y no sabemos qué pudo haber pasado en ese tiempo”, explicó a PáginaI12 la abogada Florencia Vallino.
Este dato no solo abona la versión policial de que la muerte de Facundo fue producto de un “enfrentamiento” entre él, que viajaba en moto junto con un amigo de 14 años, y los efectivos de la Motorizada 911. Sino que también decora las suspicacias de los defensores del gatillo fácil, que minimizan el asesinato por la espalda de un menor de edad.
Sin embargo, como el dermotest parcial y la autopsia se hicieron llamativamente rápido (Facundo murió en la madrugada del jueves y el viernes a la tarde fue sepultado), la querella adelantó a este diario que solicitará la exhumación del cadáver para realizarle una nueva autopsia y descartar cualquier duda.
No obstante, la violencia policial de esa noche dejó otros rastros. La familia pidió a la fiscal que se investigue la versión de un taxista que dijo haber sido testigo de aquella noche. Según ese relato, cuando el chico de 12 años cayó de la moto conducida por su amigo, quedó boca arriba en el asfalto. Fue dado vuelta, tal como se lo ve en la foto que circuló por las redes sociales, “a patadas” por los policías que lo perseguían. Esto explicaría por qué el rostro de Facundo tenía magullones el día que lo velaron.
Ese mismo día, mientras preparaban el cuerpo, sus parientes vieron que la espalda y los brazos del niño tenían varias heridas. En la reunión de este mediodía, Giannoni les confirmó que eran de balas de goma, los proyectiles que también cargan las armas que portan los policías de la Motorizada 911. El origen de esas heridas (de las que también fue víctima Juan) y otras dudas como el dermotest positivo serán confirmadas cuando se exhume el cuerpo. “Lo han acribillado a balazos. No sabemos la cantidad pero la misma fiscal nos dijo que son múltiples”, remarcó Vallino, integrante de la organización Abogados del Noroeste en Derechos Humanos (Andhes), que representará a los Ferreira. La otra parte de la querella es la de los representantes legales de Juan, el conductor de la moto.
Giannoni les confirmó que “hay una importante cantidad de prueba” y que aún no se determinó el origen de la cantidad de perdigones encontrados en los alrededores de Río de Janeiro y Avellaneda, donde cayó la víctima. También estudiarán las filmaciones de las filmaciones de las cámara de seguridad de esa esquina y de las cercanías del parque 9 de Julio, el lugar donde los chicos habían ido a ver unas picadas de motos.
La versión policial indica que policías motorizados divisaron a tres motocicletas que “circulaban de forma sospechosa”. Cuando los agentes “iniciaron la persecución”, los jóvenes habrían comenzado a “hacer disparos con armas de fuego” y eso fue “lo que obligó al personal policial a repeler la agresión”. Esto consta en el único comunicado oficial publicado hasta ahora.
La familia Ferreira y el relato de Juan, el conductor de la moto, aseguran que no hubo agresiones ni disparos hechos desde el rodado donde viajaban los chicos. Facundo, que iba como acompañante, terminó con un disparo de una pistola 9 milímetros que le entró por la nuca y salió por la frente. Los dos policías involucrados fueron demorados esa noche y a las pocas horas quedaron en libertad porque Giannoni consideró que no había elementos suficientes para tenerlos en preventiva.
La otra versión es la que sintetizó Vallino: “Esa noche la policía identifica a un grupo de motos que no se detienen por miedo y desconfianza a la policía, algo que es muy común en Tucumán. Y la persecución se inició porque los vieron negros y pobres, que es la asociación que hace la policía para determinar a un sospechoso”, cuestionó la abogada.
También hay otra versión que consta en la causa y en la que se indica que el tiroteo se inició contra grupo de motos, y que Facundo y Juan quedaron en medio del tiroteo. Para Vallino, más allá de cualquier versión, lo que debiera quedar claro es que “la policía no puede tener como primera reacción disparar a matar”, tal como reza la Doctrina Chocobar. “El ‘disparo primero y después veo que ha pasado’ es parte de una práctica que hay que ponerle un límite”, puntualizó.
Las armas que la policía dice haber secuestrado en el lugar son una calibre 19, otra 22 y habría una tercera de la que aún no se tiene registros. El paso inmediato que darán los abogados de los deudos será analizar todos los elementos de la causa.
Lo que la organización de derechos humanos subraya es que las fuerzas de seguridad “tienen que adecuarse a los estándares internacionales que determinan que el uso de la fuerza no puede ser discrecional”. Esto, precisó, está contemplado en el informe 2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Violencia y Crimen Organizado, que da cuenta de cómo debe ser el accionar policial con niños, niñas y adolescentes. “El delito y la conflictividad social no pueden resolverse con disparar a matar a quien se interpreta que cometió un delito, sin descarar que esa persona pueda estar o no involucrados o no en el hecho” ilícito, concluyó la abogada.
Ayer por la mañana, las decenas de amigos, familiares y vecinos de la familia Ferreira que se movilizaron desde La Bombilla hasta el tribunal ubicado en Laprida y Sarmiento, de la capital tucumana, portaban carteles que decían “Ni una bala más. Ni un Facundo menos”.