Los defensores General de la provincia, Maximiliano Benitez, y de Pobres y Menores, Pablo Barbirotto, analizaron los avances del trabajo articulado entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sobre la problemática de la violencia. Ambos coincidieron en destacar las herramientas que se han creado en la provincia y en la necesidad de profundizar ese trabajo conjunto.

“La relación que se tiene en estos últimos años con el Poder Ejecutivo no se ha visto nunca. Esto es sumamente positivo, independientemente del color político que se tenga: que se trabaje de manera unificada para obtener resultados, logrando el bien común para todos los chicos”, describió Barbirotto.

El defensor de Menores de Paraná, Pablo Barbirotto, calificó como “muy positivo” todo lo que se ha hecho en estos últimos años. “Comenzando a nivel nacional con la creación de la Asignación Universal por Hijo, que tiene mucho que ver con lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, y que garantiza cuestiones esenciales para un niño, como lo es básicamente la inclusión”, expresó en ese sentido Barbirotto.

El defensor de Pobres y Menores destacó que “a partir de la inclusión se va solucionando el resto de los problemas, porque los derechos que le corresponden a los niños por el solo hecho de ser tal están en la letra de la ley, técnicamente, pero para efectivizarlo es sumamente difícil. Me parece que las intervenciones que ha tenido el Estado en estos últimos años han sido sumamente positivas para evitar estas situaciones de vulneración de derechos, como la violencia y el abuso”.

En ese sentido, Barbirotto destacó “la inserción escolar”, ya que “es la escuela la primera que te informa o te comunica estas situaciones para poder intervenir”; y también resaltó “la coordinación, porque esto no es un problema del Poder Ejecutivo o del Judicial, es un problema que nos atañe a todos como sociedad, y si nosotros como Poderes nos unimos en colaboración a través de este tipo de instrumentos, es sumamente positivo”, describió.

“Nosotros trabajamos todo lo que ha sido el Protocolo interinstitucional para casos de abuso sexual infantil”, comenzó relatando Barbirotto, quien explicó que ha tenido la posibilidad de contar la experiencia entrerriana de trabajo coordinado a través de los Protocolos en charlas en otras provincias y “todos me manifestaban lo difícil que era coordinar el Poder Ejecutivo con el Judicial y otros tipos de organizaciones”, dijo en referencia a la Mesa de Fortalecimiento Institucional que funciona en el ámbito de ese Protocolo.
“En esos casos pude comentar la experiencia de formar este Protocolo y lo importante que ha sido que todas las instituciones que deben intervenir ante una situación de abuso sexual estén coordinadas, eso facilitó muchísimo este trabajo”.

“Con la articulación constante entre los organismos en el Protocolo ante casos de abuso sexual infantil, nosotros notamos un aumento considerable en el número de denuncias, a lo que se agrega la posibilidad llegar a juicio más rápido, y con condenas, lo que antes era sumamente difícil”, resaltó el defensor Barbirotto.

“La relación que se tiene en estos últimos años con el Poder Ejecutivo no se ha visto nunca. Esto es sumamente positivo, independientemente del color político que se tenga: que se trabaje de manera unificada para obtener resultados, logrando el bien común para todos los chicos”, describió.

Base única de datos

Benítez sostuvo que “es necesario tener una visión interdisciplinaria. Es decir, no puede actuar uno sólo de los Poderes del Estado o una sola de las ciencias. Tienen que hacerlo de manera coordinada, y también tienen que hacerlo todas las ciencias, es decir, no solamente los abogados sino también los psicólogos, psicopedagogos, médicos, trabajadores sociales, para hacer un trabajo realmente cierto y útil para la gente”.

El funcionario judicial destacó que “lo más importante del Protocolo de Violencia es la posibilidad de cargar en una sola base de datos todos los antecedentes que existen sobre violencia de género o sobre violencia doméstica. Porque eso va a permitir verificar de manera online si una persona tiene antecedentes de violencia o no”.

Al respecto, Benítez explicó que las bases de datos con que cuenta la Defensoría General actualmente reúnen la información de las Defensorías y Juzgados de Familia de cada departamento, entonces “si por ejemplo este hombre residió en algún momento en Chajarí, tuvo un matrimonio allá y tuvo una situación de violencia doméstica, ese antecedente en el sistema de Paraná no se detecta”, explicó y resaltó que “tenemos una provincia donde la gente muda de domicilio asiduamente por razones laborales”.

Por eso, “sería muy importante tener una base de datos única”, señaló el defensor General, “que nos permita verificar los antecedentes cuando alguien tiene que hacer un acuerdo sobre tenencia, guarda o cuota alimentaria”. Haciendo un análisis de la problemática de la violencia y sus manifestaciones Benítez coincidió en que “ha crecido exponencialmente la cantidad de denuncias” y sostuvo que este tipo de problemáticas “no se deben a una sola causa”.

Sin embargo, destacó “que se ha puesto en el tapete el tema de la violencia hacia las mujeres. Entonces la mujer hoy se siente más contenida, con mayores lugares a los que recurrir y denuncia más. Seguramente, años atrás, esta violencia pasaba igual pero no se denunciaba y permanecía oculta. Hoy se visualiza mucho más”.

El defensor General también sostuvo que hay que trabajar para que la violencia “no tenga la incidencia que tiene hoy”, y resaltó en ese sentido la importancia “de la toma de conciencia. Hablarlo a esto de manera tal que en vez de sentir la mujer vergüenza por hacer la denuncia como ocurría antes, también el hombre sienta vergüenza por haberse enfrentado a una denuncia de este tipo”.

En cuanto a la actuación de los tres Poderes del Estado, Benítez aclaró: “No me refiero únicamente en su nivel provincial, sino que esta actuación se debe replicar en los municipios. Es decir, no solamente la Defensoría General, sino la Defensoría de cada pueblo; no solamente el gobernador, sino el Poder Ejecutivo municipal; y no solamente la legislatura, sino el Concejo Deliberante de cada pueblo”.

Por último, el defensor General sostuvo que “en los lugares donde no haya Defensoría, o no haya juez, hay un juez de Paz. Nosotros tenemos muchos jueces de Paz en la provincia, en los pueblitos muy chiquitos, a los que podemos recurrir como aliados para trabajar en esta temática”.

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