Los cuatro diputados nacionales del peronismo y los cinco de Cambiemos votaron a favor de prorrogar hasta 2022 la ley que rige desde 2002. Faculta el Ejecutivo a reasignar partidas para atender demanda alimenticia y aumenta presupuesto.

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¡a Cámara de Diputados de la Nación aprobó, con apoyo del oficialismo y de la oposición, el proyecto de ley que establece la prórroga a nivel nacional de la emergencia alimentaria. Tras un debate de casi tres horas, la iniciativa recibió, en la votación en general, 222 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención.

Los nueve representantes de Entre Ríos aprobaron la ley: Alicia Fregonese, Yanina Gayol, Atilio Benedetti, Jorge Lacoste y Marcelo Monfort, por Cambiemos; Mayda Cresto y Juan José Bahillo, del bloque Justicialista; Julio Solanas y Juan Manuel Huss, del Frente para la Victoria.

El oficialismo, según un acuerdo previo con los legisladores opositores avalado este miércoles por la Casa Rosada, contribuyó al quórum y a reunir los dos tercios necesarios para habilitar el debate del proyecto. Era necesaria esa mayoría especial porque la iniciativa no pasó antes por comisiones. Luego, también aportó los votos de los presentes, incluidos los cinco entrerrianos de la UCR y el PRO.

Bahillo, al tomar la palabra en el recinto, pidió “que el incremento presupuestario que promueve el proyecto de ley llegue a todas las provincias” y solicitó incorporar un artículo para establecer que “los fondos sean coparticipables”. El ex intendente de Gualeguaychú fue uno de los 13 firmantes del proyecto que se votó.

Solanas también se pronunció en la sesión. «El gobierno de Macri fue creando en sus años de gobierno este contexto de emergencia promoviendo la destrucción de la industria, el empleo, la educación, el salario de los y las trabajadoras, las jubilaciones, y sólo se ocupó de crear negocios financieros a costa de casi cinco millones de argentinos que han caído debajo de la línea de pobreza e indigencia”, soltó.

El proyecto en debate

El proyecto plantea la prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2022 de la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002 e impulsa la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.


Asimismo, la iniciativa establece «un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».

Según el proyecto, a partir del 2020 se facultará al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.


Para ello, se tomarán como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Definiciones

Daniel Arroyo (Red por Argentina) calificó como “una catástrofe” la situación social en el país, que “se ha agravado en los últimos veinte días por la caída de la actividad económica y el aumento de los alimentos”. Definió al proyecto de emergencia como una ley necesaria “para garantizar lo mínimo, que es el abastecimiento de comedores escolares y comunitarios”.

Desde la bancada oficialista, el diputado Héctor Flores puso el acento en destacar los esfuerzos del Gobierno para luchar “contra una pobreza estructural que lleva décadas en la Argentina y no se resolvió cuando la Argentina crecía a tasas chinas y la soja estaba a seiscientos dólares la tonelada”.

Carlos Castagneto (FpV-PJ) consideró que “volver a tratar esta ley después de tantos años es una consecuencia de la falta de decisión política del gobierno nacional para incrementar las partidas presupuestarias alimentarias”.

Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, admitió sentir “una sensación contradictoria: por un lado, la satisfacción de poder darle una respuesta institucional a un problema acuciante; por otro, que hoy lamentablemente tenemos un país en emergencia, donde llega tarde esta política pública”.

Desde Somos, Victoria Donda afirmó que “la emergencia alimentaria es una crisis que tiene como responsable a Mauricio Macri”, sentenció.

Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda) refirió que “se trata, quizás, de la crisis más grave desde el 2001. Estamos discutiendo una ley que es un paliativo pero no resuelve el problema del hambre”.

En representación de la Izquierda Socialista-FIT, Mónica Schlotthauer expresó que la Argentina “está en indigencia y a punto del colapso” y responsabilizó a los gobernantes porque esta ley “está vigente hace 17 años y nadie gobernó para que se acabe el hambre sino para intereses de los exportadores”. Como medidas propuso “nacionalizar el comercio exterior” y criticó la ley porque “el hambre no va a parar, son migajas”.

En nombre del Frente Renovador, Marco Lavagna enumeró “cosas muy específicas: el aumento del presupuesto, pasar la ración alimentaria de 27 a 50 pesos, eso va directo a los comedores, directo a los chicos; y la apertura de los colegios los siete días de la semana”.

El titular del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, consideró que “no es ilógico pensar que estamos en una emergencia alimentaria porque es una consecuencia de la falta de crecimiento y de un plan económico que ha fracasado. El objetivo es llegar con alimentos y medicamentos a los sectores más vulnerables”, añadió el diputado salteño.

El jefe de la bancada del Frente para la Victoria–PJ, Agustín Rossi, dijo: “celebro que el oficialismo nos esté acompañando. Que la Cámara de Diputados decida sesionar, en un clima de tenue tensión social, para abordar los problemas de la economía diaria, seguramente será bienvenido por gran cantidad de sectores sociales”.

El jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, resaltó “hoy estamos prorrogando una ley. Es cierto que podía ser por decreto. Pero el proyecto que vamos a aprobar plantea que la emergencia alimentaria llegue hasta 2022 y corresponde que sea el Congreso el que defina ese plazo. Con errores y aciertos hemos atendido la política social”.

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