Una decena de organizaciones firman un documento de rechazo al proyecto. Docentes, estatales, judiciales, municipales, jubilados, en la Intersindical, defendieron “el sistema solidario” y criticaron la intervención a la que consideraron “un atropello a los trabajadores”. El gremio de Allende no adhirió. Diputados del peronismo llevaron el debate al Congreso. La izquierda llamó a movilizar.

La Intersindical conformada por las conducciones provinciales de los sindicatos Agmer, ATE, Festram, AJER; Apler; AMET; Seper; Suoyem; Seosper; Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales; a la que también se suman agrupaciones de trabajadores activos y jubilados como Dignidad, de policías retirados; el Centro de Jubilados Docentes; la Comisión de Cesanteados de la Dictadura Cívico Militar, rechazó el proyecto presentado por el gobierno provincial que establece la disolución del Iosper y la creación de OSER.

Hubo conversaciones extensas pero se estuvo lejos de un acuerdo: UPCN no firmó el texto y elabora un posicionamiento propio que, entre otros puntos, incluye abrir la puerta a la liberalización de la opción por una obra social.

La Intersindical, en su documento, expresó: “Defendemos el Iosper porque es un sistema solidario, en el que todos los trabajadores y trabajadoras aportamos el mismo porcentaje de nuestro sueldo generando que la atención del que más cobra es pareja con la que el que percibe menor salario”, se destacó en el texto.

Se buscó poner claridad respecto de que “Iosper no recibe recursos del tesoro provincial, ni de rentas generales. Se autofinancia con aportes de los trabajadores activos y pasivos sumado a la contribución patronal del Estado”. “El Estado provincial únicamente actúa como agente de retención de los aportes personales deducidos de los salarios, como lo hace un patrón con cualquier empleado, ese Estado que aún mantiene el 2% de contribución por los pasivos”, se cuestionó.

La Intersindical argumentó en favor de que “los afiliados a la obra social sean quienes definan los destinos de los fondos y no como se pretende con la creación de OSER donde la decisión de quienes manejan los fondos y quienes controlarían serían designadas por el gobierno de turno”. Se puso en valor, en este sentido, que el Iosper, por ley, es conducido por “un directorio con representación de los afiliados, integra una Comisión Fiscalizadora de tres miembros con dictamen vinculante, un Gerente General designado por el Gobernador y gastos operativos limitados al 12% de los recursos, órganos de control que en el proyecto de OSER se elimina”.

Para los firmantes del texto, “se necesita que el Iosper continúe dando la cobertura actual y mejore permanentemente la atención y los servicios para todos los afiliados y nuestras familias”. Se instó a que “se realicen las denuncias y que la justicia determine oportunamente, sobre los hechos que se mencionan para justificar mediáticamente este atropello a los trabajadores, pero eliminar el Iosper no es el camino”.

“La intervención que venía a mejorar, ya ha dado muestra de su idea e intención de administración, porque lo único que se ha hecho es quitar prestaciones (como los anteojos), demorar y no entregar medicamentos y prótesis; no autorizar cirugías, no se autorizar ni entregar medicamentos crónicos y han aumentado desmedidamente los coseguros que paga el afiliado”, se criticó en la declaración que exigió a los legisladores que “no avalen la eliminación de la obra social”.

Debate al Congreso

El diputado nacional Tomás Ledesma presentó, junto a sus pares de la Cámara baja, un proyecto de resolución en repudio a la reforma de la obra social. Ledesma, Blanca Osuna, Carolina Gaillard y Gustavo Bordet expresaron en el texto: “Nos preocupa el desconocimiento del valor que tiene la misma para los trabajadores entrerrianos”.

El proyecto de reforma deja afuera, según los diputados, “los valores esenciales de la obra social provincial, la cual es conducida por los propios beneficiarios”. Los legisladores nacionales advierten que esto terminaría “produciendo un desplazamiento hacia personal ajeno, que no podrá interpretar las necesidades colectivas como lo hacen los nombrados en primer término, provocando una regresión legislativa preocupante”.

La postura de la izquierda

Desde el MST, Nadia Burgos, delegada de ATE y dirigente de la fuerza política repudió el proyecto: “Frigerio vuelve a atacar a los trabajadores y nuestro derecho a la salud. Este proyecto no es una solución a los problemas reales que enfrentamos los afiliados. Por el contrario, profundiza el vaciamiento institucional, elimina la participación democrática de los trabajadores y concentra el poder en el Ejecutivo provincial, lo que solo puede abrir las puertas a más manejos discrecionales y opacos de nuestros recursos”.

Tras impugnar la eliminación del directorio y su reemplazo por “funcionarios a dedo”, Burgos dijo no desconocer “la ineficiencia, corrupción y desidia” en la gestión de la obra social pero “no es con más poder para los de arriba y menos control popular como vamos a resolver la crisis sanitaria que vivimos los entrerrianos y entrerrianas, y mucho menos con nuevos parches que no resuelven los problemas de fondo”, argumentó.

“Desde la izquierda creemos que la única salida real y de fondo a esta crisis es avanzar con decisión hacia un sistema único de salud, que sea público, gratuito, universal, de calidad y bajo control social. Esto implica integrar todos los recursos del sistema actual en una sola red pública, bien financiada, con condiciones laborales dignas para sus trabajadores y gestionada de forma democrática por usuarios y trabajadores. La salud no puede ser un negocio, ni una prebenda del poder político de turno, la salud es un derecho”, enfatizó Burgos. Fuente: Página Política