El Intendente de Sauce de Luna, Alcides Alderete, vetó recientemente una resolución del Honorable Concejo Deliberante (HCD) que expresaba repudio hacia presuntos actos de violencia político-institucional y simbólica. La medida, respaldada por mayoría en el cuerpo legislativo, hacía referencia a situaciones denunciadas por la presidenta del HCD, Prof. Silvina Soledad Zurdo, e invocaba normativas nacionales como la Ley 26.485 y la Ley Micaela para solicitar acciones preventivas y correctivas.

El Decreto 087/2025, con el que se formaliza el veto, sostiene que “la violencia no existe actualmente” y califica el repudio como “abstracto”, mencionando además expresiones de apoyo brindadas previamente a la funcionaria, aunque sin detallar medidas concretas. La argumentación ha despertado críticas entre sectores que consideran que el propio decreto contiene referencias que podrían enmarcarse dentro de las definiciones legales de violencia institucional.

El hecho se suma a una serie de vetos sistemáticos y poco fundados, otras ordenanzas aprobadas por el Concejo, como la prohibición de quema de basura, el uso gratuito del colectivo para estudiantes, y un cambio en la modalidad de cobro de la tasa de alumbrado público, decisiones que han sido interpretadas como una escalada de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, incluso con cuestionamientos desde dentro del propio espacio oficialista.

Estos episodios reabren el debate sobre la autonomía de los poderes, el respeto a las investiduras democráticas y la necesidad de políticas públicas claras frente a situaciones de posible violencia institucional. En un contexto donde la agenda de género y derechos humanos ocupa un lugar prioritario, la responsabilidad institucional y el diálogo parecen más necesarios que nunca.