La Cámara de Diputados realizó un acto con motivo de cumplirse 10 años de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitió reabrir los juicios y condenar a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La actividad, organizada por el Congreso y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se desarrolló en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, donde se descubrió una placa alusiva.
La decisión de anular las llamadas «leyes del perdón» o «leyes de la impunidad» fue una de las primeras políticas aplicadas en base a la necesidad de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner.
En ese sentido, la placa dice: “21-8-2003/21-8-2013. En este Congreso nacional transcurridos 89 días del gobierno de Néstor Kirchner se votó la ley 25.779 que marcó el fin de la impunidad para nuestro país y la reapertura de los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívica militar”.
Del acto, en el que se proyectó un video sobre las cuestionadas leyes, participaron el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; los diputados nacionales Jorge Rivas, Diana Conti, Horacio Pietragalla, Carlos Kunkel, Eduardo «Wado» de Pedro, Teresa García y Carlos Raimundi, entre otros; además de las representantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Taty Almeida.
En el marco de los discursos, Pietragalla dijo que «esta ley vino a reparar a los familiares sobre un hecho aberrante, vino a poner la libertad sobre la mesa».
Sobre la posibilidad de que algunos bloques opositores pretendan derogar algunas de las leyes aprobadas por el kirchnerismo, señaló que «eso no va a pasar, porque no vamos a permitir que los genocidas queden en libertad. Vamos a defender a pleno a Cristina».
Por su parte, Conti recordó el proceso para la sanción de estas leyes derogatorias y «el gesto de Néstor, que con el 22 por ciento de los votos, tomó la decisión de ahondar en temas como el de la derogación de estas leyes».
El socialista Jorge Rivas recordó que «en su discurso de asunción, Néstor Kirchner anunciaba lo que finalmente iba a sobrevenir. Una de las cosas fue que no iba a confundir gobernabilidad con impunidad».
«Con hechos y palabras, Kirchner generó el clima político en el que resultó finalmente posible que la consecuencia de la lucha social por la justicia y la memoria alcanzara a una de sus grandes victorias: la anulación de las leyes de impunidad», agregó.
Fresneda cerró al encuentro al destacar «la valentía de Néstor Kirchner para cambiar las cosas» y se mostró «privilegiado por vivir en esta Argentina», para considerar luego que «el futuro está aquí».
“A quienes nos tocaba batallar en los tribunales en esos tiempos planteando la inconstitucionalidad de las leyes», señaló, la medida significó «un debate parlamentario necesario, imprescindible para el avance”, añadió.
Para el funcionario, «la anulación de las leyes se presentó como la vocación de voluntad de un pueblo que recuperaba su autoestima como Estado”.
“Fueron herramientas que tuvo la sociedad argentina para resolver con sus propios recursos una de las peores tragedias. Por supuesto, hubo jueces que se resistieron muchísimo, como por supuesto se resistieron y se siguen resistiendo a la aplicación de la ley de medios”, precisó.
La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.
La Ley de Obediencia Debida (23.521) también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada «obediencia debida» -concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.
En 2003, la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, presentó en la Cámara baja un proyecto para anular estas leyes, iniciativa que fue apoyada por el presidente Kirchner.
El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate, aprobaba la ley por la que se declaran «insanablemente nulas» estas leyes. El proyecto con media sanción de Diputados pasó al Senado, que lo convirtió en ley el 21 de agosto de 2003.
La ley que anuló las «leyes del perdón y de la impunidad» fue promulgada por Kirchner el 2 de septiembre de 2003. Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, fueran juzgados.