El gobierno del presidente estadounidense echó al jefe del organismo tributario por presunto acoso a grupos conservadores, pero defendió una polémica decisión de espiar a periodistas alegando razones de seguridad nacional.

La administración Obama quedó en el ojo del huracán esta semana luego de que la agencia de noticias Associated Press denunciara que espió a sus periodistas y de que el Servicio Interno de Impuestos (IRS) reconociera que hizo un escrutinio excesivo contra grupos conservadores durante la campaña electoral del año pasado.

En un intento de cortar por lo sano con uno de los escándalos, el propio Obama anunció al caer la noche la destitución del jefe del IRS, Steve Miller, por la «inexcusable» admisión de la agencia sobre su acoso a grupos conservadores críticos de su gobierno.

«El secretario del Tesoro (Jacob) Lew dio un primer paso al solicitar y aceptar la renuncia del comisionado interino del IRS», anunció Obama hoy en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

«No toleraré este tipo de comportamiento en ninguna agencia, pero especialmente el IRS, dado el poder que tiene y el alcance que tiene en nuestras vidas», agregó.

Más temprano, su fiscal general, Eric Holder, enfrentó durante varias horas una batería de críticas de republicanos y de sus propios compañeros demócratas, quienes le pidieron explicaciones por los casos de AP y el IRS.

Holder justificó el espionaje a AP por razones de seguridad nacional, pero se desligó de toda responsabilidad y señaló a su número dos como el responsable de la investigación.

«No parece que se acepte ninguna responsabilidad por las cosas que salieron mal», sentenció hoy el congresista republicano por Wisconsin, James Sensenbrenner, en su turno de interpelar al fiscal general estadounidense, informó la cadena de noticias ABC.

El eje de la declaración de Holder ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja fue ampararse en razones de seguridad nacional y repetir una y otra vez que no sabía y que se está investigando.

El jefe de los fiscales federales explicó que, como él se encontraba dentro de los posibles sospechosos de la filtración de información que originó la investigación a los periodistas AP, se excusó de participar de la pesquisa «desde un principio».

Acto seguido -contó-, nombró a su número dos, James Cole, para dirigir la investigación ya abierta sobre el origen de una filtración de información clasificada, presuntamente muy sensible para la seguridad nacional del país.

Según denunció AP, el FBI grabó las conversaciones de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 de sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut).

El relato de Holder de hoy comenzó a flaquear cuando no pudo recordar cuándo se excusó exactamente, ya que no existió ninguna comunicación por escrito ni se informó a la Casa Blanca, que según Holder recién se enteró del espionaje a través de los medios.

«Prometo hacer un análisis de lo que pasó después que termine el caso», respondió el fiscal general a una congresista demócrata de California, quien sin embargo no quedó satisfecha ya que nada se conoce sobre el avance o el estado de la pesquisa que dirige el Departamento de Justicia.

Holder fue más enfático cuando le tocó responder por la presunta discriminación del IRS a grupos conservadores, principalmente a aquellos vinculados con el movimiento Tea Party, por su posición política.

Ante la insistencia de los congresistas republicanos, el hombre de Obama aceptó que las posibles irregularidades del IRS podrían haber violado una ley que prohíbe a los empleados federales participar en ciertas actividades vinculadas a partidos políticos.

«Les puedo asegurar a ustedes y al pueblo estadounidense que vamos a tener una visión fría sobre esto. No se va a tratar de los partidos, no se va a tratar de tendencias ideológicas. Cualquier persona que haya violado la ley tendrá que rendir cuentas», insistió Holder, horas antes del anuncio de Obama sobre Miller.

El fiscal general agregó que ya ordenó abrir una investigación penal sobre el tema y prometió que no se limitará solamente a la ciudad de Cincinnati, Ohio, donde se originó el escándalo, sino que investigarán en todo el país si aparecen evidencias que demuestren que el trato parcializado se cometió a nivel nacional.

Mientras Holder daba explicaciones en el Capitolio, desde la Casa Blanca el vocero presidencial, Jay Carney, anunció que Obama había contactado al autor de un viejo proyecto de ley que busca garantizar la protección de los periodistas que se niegan a revelar sus fuentes para comunicarle su apoyo a la iniciativa.

El proyecto que ahora apoya Obama fue presentado por el senador demócrata Chuck Schumer en 2009 bajo el nombre de Ley de Libre Flujo de Información y su objetivo era proteger a los periodistas que son obligados por la Justicia a testificar sobre sus fuentes confidenciales.

Sin embargo, el proyecto de ley del senador Schumer también incluye una salvedad: los casos en que la información requerida por la Justicia sea de interés para la «seguridad nacional».

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