En la Legislatura se estudia un texto que actualiza el instituto. Entre las reformas aparece la creación de una unidad penal mixta, la participación de la víctima en la ejecución de la pena del condenado y cuestiones relacionadas a la competencia. La propuesta de Bordet y la coincidencia con postulantes a integrar el Poder Judicial sobre la situación carcelaria.
En la Legislatura entrerriana está en estudio un proyecto de Ley sobre la Ejecución de Penas. Mientras tanto el pedido de jury al juez Carlos Rossi por haber otorgado una salida al sospechado de asesinar a Micaela García se dilata de forma escandalosa.
La iniciativa fue notificada en el Senado pero ingresó por la Cámara de Diputados. La misma viene a suplir la Ley Número 9.246, del año 2000, y que en los 17 años transcurridos se le hizo varias modificaciones legislativas.
El texto que se pretende convertir en ley ahora se adecúa a las reformas de la normativa nacional 24.660 (de ejecución de la pena) y a los parámetros del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, que ahora se quiere retocar. Sería bueno que todos los actores se pongan de acuerdo y evitar lo que sucedió con el Consejo de la Magistratura, que no contempla concursos para los fiscales auxiliares.
Uno de los cambios al sistema actual es darle participación a la víctima en la ejecución de la pena del condenado. “La víctima o quien acredite un interés legítimo en el proceso de ejecución deberá ser informado, a su solicitud, de las vicisitudes del cumplimiento de la pena por el interno y particularmente del régimen de salidas transitorias, libertad condicional o libertad asistida”, sostiene el artículo 13 del texto.
El proyecto también prevé, en su artículo 24, la creación en el ámbito de los ministerios Fiscal y de la Defensa tres fiscalías y tres defensorías, “las que tendrán competencia material en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y competencia territorial en la jurisdicción de cada uno de los juzgados”.
La Cámara de Casación Penal será competente para entender en los recursos de las resoluciones de los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Los establecimientos mixtos es otra de las novedades del proyecto. En el artículo 9 se insta a la creación de este tipo de unidades penales, que estarán bajo la dirección de una “funcionaria encargada” y que “ningún funcionario del sexo masculino podrá ingresar al pabellón de mujeres si no va acompañado por una funcionaria”. En la medida de lo posible los establecimientos que alojen mujeres, deberán estar lo más cercano a su familia. Gustavo Bordet, en su anunciada reforma judicial, habló de la creación de un penal.
Incluso, en las últimas horas, postulantes que pasaron por el Senado para que se les preste acuerdo, coincidieron en el hacinamiento en las cárceles. Una de ellas, para citar un caso, fue Carolina Castagno, quien dijo que “las unidades están desbordadas” y que la situación “es preocupante”. A la fecha hay 2.061 internos, lo que supera ampliamente la capacidad real estimada del sistema, precisó y aseguró que “se impone la necesidad de construir una nueva cárcel”. (paginajudicial)