Guillermo Ramírez se resistió al arresto, gritó que los policías que se lo llevaban esposado de una plaza iban a matarlo y una hora después ingresó sin signos vitales al hospital. El hecho vuelve a poner bajo la lupa el accionar de la Policía, pone en crisis la determinación de los uniformados a seguir los protocolos de intervención y la falta de voluntad política para poner en funcionamiento un Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

La muerte de Guillermo Ramírez ha puesto otra vez en el ojo de la tormenta a uniformados, policías provinciales, en un hecho de violencia institucional que mucho se parece a otro, un año después y protocolo mediante, precisamente, para evitarlos.

Cuatro policías permanecen detenidos –bajo arresto domiciliario– acusados de haber torturado hasta la muerte a Guillermo Ramírez, de 38 años, en un procedimiento que se desarrolló el jueves 27 de febrero, en Villa Libertador San Martín, luego de que, aparentemente, recibieran un llamado al 911 alertando sobre una persona que habría estado realizando actos de exhibiciones en la Plaza 25 de Mayo.

Aquel día de calor extremo, a las ocho y media de la noche, Ramírez estaba con un grupo de amigos en la plaza y no llevaba remera, tenía el torso desnudo; no cometía ni siquiera una contravención. Una hora después, estaba muerto.

A los pocos minutos llegó un móvil con dos policías a bordo: Rubén Darío Ricle y Jonathan Exequiel Vera. Luego dirían que el muchacho se resistió al arresto y que se produjo un forcejeo cuando intentaron subirlo a la camioneta.

En ese ínterin arribó un segundo móvil policial, que conducía Mariana Cepeda, quien asistió a sus compañeros en el procedimiento y los escoltó hasta la camioneta, donde el joven fue introducido esposado en el asiento trasero, tal como quedó registrado en los videos de las cámaras públicas. Testigos, de entre las decenas de personas que pululaban en la plaza a esa hora, refirieron que gritaba: “Auxilio, auxilio; me quieren matar”.

Ramírez fue trasladado a la comisaría local. Las cámaras de la dependencia policial muestran que no bajó del vehículo y a la jefa de la comisaría, Fernanda Toffoli, declaró a la fiscal que cuando se acercó al vehículo lo notó exaltado y que decía incoherencias. A su lado, dijo, estaba el policía Ricle.

El protocolo de intervención destinado a dotar a la Policía de herramientas para intervenir ante situaciones que involucran a personas con crisis de salud mental o consumos problemáticos, aprobado el año pasado, establece claramente que “será prioridad la salvaguarda del estado de salud del individuo” y “el objetivo final de la intervención es reducir los riesgos hasta la llegada de los servicios de salud”. No se ha determinado si los efectivos recibieron la capacitación prevista, aunque se debe presumir que conocen las pautas de intervención. En lugar de conducir a Ramírez hasta el Sanatorio Adventista del Plata, distante a tres cuadras de la sede policial, dispusieron su traslado a la Jefatura Departamental de Diamante, a unos veinte kilómetros de Villa Libertador San Martín. En la comisaría del pueblo no hay calabozos, de modo que una hipótesis posible es que la decisión haya sido dejarlo detenido.

Lo que ocurrió en ese traslado es determinante para la investigación. La fiscal ha señalado que existe una ventana de tiempo entre las 20.50 y las 21.20, en el momento del traslado a la Jefatura Departamental de Diamante. En la camioneta viajaban Ricle, Vera y Cepeda; Ramírez iba en el asiento trasero, esposado y con una escolta.

Las imágenes que devuelven las cámaras de la Jefatura Departamental son elocuentes: los efectivos bajan el cuerpo inerte de Ramírez, esposado, y lo ingresan a la rastra a la sede policial. Un testigo refirió que lo depositaron en una silla hecho un despojo, inconsciente, que no lograba mantenerse sentado y, aun en esa condición, un policía se acercó a cambiarle las esposas. Alguien lo habrá advertido porque volvieron a salir cuatro minutos después de haber ingresado: los mismos policías lo tiraron en la caja de la camioneta; Ricle y Vera subieron a la cabina y Cepeda iba con el joven.

En el Hospital San José constataron que Guillermo Ramírez estaba muerto.

La autopsia reveló que la muerte se produjo por asfixia mecánica; tenía golpes en la cabeza, el rostro, brazos y piernas; algunas costillas rotas y sangre en los pulmones. Se aguarda el informe final y el resultado de los estudios toxicológicos.

Mientras tanto, los policías han sido acusados por torturas seguida de muerte y permanecen bajo arresto domiciliario. El juez Alejandro Grippo consideró el hecho como “de inusitada gravedad institucional”, frente a la minimización que han sostenido los abogados defensores, que además cuestionan la imputación.

Violencia institucional es una categoría que refiere a las problemáticas de violencia policial y penitenciaria, aunque no se circunscribe exclusivamente a la responsabilidad de uniformados. Este hecho remite, indefectiblemente a otro ocurrido hace un año: la muerte de Ariel Goyeneche mientras estaba bajo custodia policial. Se advierten similitudes escalofriantes: policías que pegan y maltratan; antes sin un protocolo de intervención, ahora con un protocolo vigente.

La investigación está a cargo de la fiscal Romina Blasich, quien dispuso el apartamiento de la Policía de Entre Ríos y delegó las pericias en la Prefectura Naval y la Gendarmería. Inicialmente recuperaron las filmaciones de cámaras de seguridad, se dispuso el secuestro de los teléfonos celulares de los policías imputados y el peritaje del móvil policial en el que trasladaron a Ramírez.

En tanto, referentes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura se ha contactado con la familia del muchacho fallecido, aunque sin poder realizar una intervención concreta, en virtud de que el organismo funciona en condiciones precarias, ya que no se conformado en su totalidad y sin poder ejecutar el presupuesto que le fue asignado.

(Informe de Juan Cruz Varela, publicado en Página Judicial)Fuente: Página Política