La Justicia allanó el domicilio de Darío Barreto, quien ocupaba hasta hace un mes la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador y empleado del ente recaudador. Otro testigo complicó aún más la situación del exfuncionario.
Este jueves, cerca de las 11 de la mañana, la Justicia allanó el domicilio de Darío Barreto, exsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador y empleado de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
La medida se llevó adelante luego de que el productor agropecuario, Aníbal Darío Aisichovich, revelara que hizo operaciones para compensar deudas tributarias con el Estado en la casa del propio Barreto, en calle Tomas de Rocamora 434.
El allanamiento estuvo a cargo del fiscal de San Salvador, Mauricio Guerrero. La orden fue dada por la jueza de Paraná, a cargo de la causa, Marina Barbagelata. De la medida participó también el equipo de criminalística.
A la misma hora que se estaba produciendo el allanamiento, en los tribunales de esta capital declaraba Daniel Berthet. Según indica Página Judicial, el productor de General Campos contó que hizo compensaciones y que el gestor por parte de la ATER fue Barreto.
Según publicó Página Judicial, el trámite se hacía con documentación similar con la que se encontró Aisichovich cuando se reunía con Barreto en su domicilio.
El dato que surgió en la declaración de Berthet es que -en otros casos que hizo compensaciones, incluso en Concordia- la documentación era igual a la que utilizaba Barreto para hacer las truchas, publicó El Once.
Este testimonio refuerza la hipótesis que ubica a Barreto como “el gestor” de estas operaciones apócrifas.
Barreto es un empleado de carrera del organismo recaudador, que llegó a ser segundo en la ex DGR y director de Interior.
Luego de cumplir esas funciones, se convirtió en secretario de Gobierno de la gestión justicialista de Marcelo Berthet, cargo al que tuvo que renunciar luego de que se destape el escándalo que denunció el titular del organismo, Marcelo Casaretto, y que oficialmente llegaría a unos 50 millones de pesos.
Los únicos imputados de la ATER hasta el momento son los conocidos como “empleados infieles”: la jefa de Despacho, Estrella Martínez de Yankelevich; y el de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión.